A causa del descuido sobre sus recursos económicos y propiedades de bienes inmuebles, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) tiene un adeudo de más de 70 millones de pesos en impuesto predial y servicio de agua sólo por edificios que utilizan la Secretaría de Salud (Ssa) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). La causa: inexistencia de contratos de comodato que establezcan obligaciones de los usuarios para cumplir con los pagos señalados.

Como éstas existen un cúmulo de irregularidades en el funcionamiento de la APBP. El organismo reconoce, por ejemplo, que tiene en posesión 187 inmuebles, de los cuales 55 ubicados en el Distrito Federal están inservibles.

Sus recursos mermaron por una deficiente administración

La APBP fue creada en 1861 por decreto del presidente Benito Juárez para ayudar a los más pobres a solventar necesidades de salud. Desde entonces se le dio la facultad de recibir donaciones de propiedades para su administración y obtención de recursos.

Sin embargo, por la deficiente administración, sus recursos se han mermado de manera progresiva, al grado de que las mismas autoridades reconocieron en respuesta a solicitudes de información, que la APBP atraviesa por una situación crítica, generada en parte por la disminución de su patrimonio y del presupuesto federal –que este año es de 50 millones de pesos, la mitad con respecto a 2012–, así como por el abandono de sus obligaciones, como consta en varias de las contestaciones que dio el organismo mediante el Instituto Federal de Acceso la Información y Protección de Datos Personales (Ifai).

Lo anterior, después de vanos intentos por negarse a proporcionar la información que se le requería, entre ella la relativa a la vida útil de las propiedades que administra y sobre los 271 juicios de arrendamiento inmobiliario en curso.

De las solicitudes presentadas por un particular se desprende que la APBP carece de un control en el aseguramiento de los inmuebles y sobre las propiedades que utiliza la Ssa. Esta dependencia federal dijo que no son de su competencia, por lo que no podía dar cuenta sobre el estado en que se encuentran.

Y eso que se trata de propiedades donde se encuentran hospitales como el Homeopático Nacional, Juárez de México, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, la Dirección General de Epidemiología y el nuevo edificio del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, entre otros.

De éstos y otros inmuebles, que totalizan 17 sólo en la capital del país, existen adeudos de agua e impuesto predial por un monto superior a 56 millones de pesos.

Aparte están los espacios que ocupa el DIF, sobre los cuales los pagos pendientes ascienden a más de 14 millones 600 mil pesos.

En otra de las respuestas proporcionadas por la APBP, reconoce que dejó de atender los juicios sucesorios, alrededor de 5 mil, en los que tomaba parte, con el argumento que ya son competencia del DIF del Distrito Federal, de acuerdo con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la cual determinó que son legales las modificaciones hechas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Código Civil.

Dichas reformas señalan que el DIF-DF es el beneficiario de juicios sucesorios de bienes inmuebles en los que no existan herederos. Hasta 2009, año de la sentencia del máximo tribunal, la APBP tenía esa prerrogativa y con esa calidad asumió la personalidad jurídica en cerca de 5 mil juicios en años anteriores, los que abandonó incorrectamente, según algunos abogados consultados por este diario.

Explicaron que la APBP no se puede desentender de la personalidad jurídica que acreditó en los juicios que le fueron notificados, pero que por esta razón podría perder.