Más de un año después, el Instituto Federal Electoral saldará los comicios del 2012 al discutir y aprobar, en su caso, la fiscalización de los gastos de las campañas federales, perfilándose multas que en conjunto sumarán 394 millones de pesos. La Unidad de Fiscalización concluyó que los contendientes incurrieron en 789 conductas sancionables, de las cuales 108 están relacionadas con el origen ilícito del financiamiento, 24 con gastos sin objeto partidista y 657 con inconsistencias formales en el reporte de las erogaciones.

La magnitud de estas cifras se dan a pesar de que, según el mismo documento, los partidos y coaliciones pudieron acreditar 71 por ciento –en promedio– de las 2 mil 692 observaciones originales que hizo la unidad en este proceso de revisión que comenzó en octubre, cuando entregaron los informes de gastos de campaña. Sin embargo, en el caso de Compromiso por México y el PRI (donde no fue en alianza) tuvieron entre ambos casi 300 observaciones no subsanadas –39 por ciento del total– de las cuales 42 fueron por origen ilícito del financiamiento.

A su vez, en el caso de la coalición de izquierda Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), de las mil 74 observaciones que hizo la unidad, en 345 no pudo acreditar la falta. De estas, en 34 casos, el motivo fue el origen ilícito de los recursos y en ocho más un gasto sin objeto partidista.

Más allá de las cifras ofrecidas en el dictamen, se anticipa un intenso debate no sólo por la descalificación ya anunciada de los partidos de izquierda al sentido del mismo, sino por las diferencias existentes entre los consejeros electorales. En particular sobre los criterios aplicados en la revisión del gasto de las campañas y especialmente en el caso del presidente Enrique Peña Nieto.

El reporte final de gasto de Peña Nieto fue de 330.4 millones de pesos, apenas un poco más del informe que se había dado en febrero, cuando se pretendía anticipar la revisión del gasto de la campaña presidencial, en esas fechas la unidad reportó 328.7 millones de pesos.

Ya desde febrero pasado, algunos consejeros expresaron dudas sobre los criterios aplicados por la unidad en cuanto al concepto de campañas beneficiadas para distribuir el gasto genérico que hicieron partidos y coaliciones.

Uno de los casos más cuestionados, fue el cierre de campaña de Peña Nieto en el Estadio Azteca, donde las diferencias de criterios fueron notables. Para algunos consejeros y partidos, se trata de un gasto acreditable sólo al candidato presidencial, por tratarse del cierre de campaña, pero en los criterios de la Unidad de Fiscalización se distribuyó entre decenas de candidatos a diputados y senadores y evitar que rompiera el tope de gastos.

En principio, las posiciones a favor y en contra de aprobar el dictamen están muy parejas y no se descarta la posibilidad de que, dada la conformación incompleta del Consejo General, por la renuncia de Sergio García Ramírez, se genere un empate.

Las diferencias en torno a la aplicación de estos criterios se traducen en la conclusión que de ello se desprendería: si Peña Nieto rebasa o no el tope de gastos de campaña presidencial, dado el estrecho margen que le queda para hacerlo.

En el balance, la coalición PRI-PVEM enfrenta una posible sanción superior a 204 millones de pesos por el rebase en los topes de gastos de 187 candidatos a diputados y senadores. Sin embargo, modificar los criterios de prorrateo de gastos, podría derivar en un mayor impacto no sólo financiero sino político, si esto involucra a Peña Nieto.