El desalojo violento de profesores disidentes en Chiapas sólo refleja la ‘‘errática’’ estrategia gubernamental –en todos los niveles– para resolver problemáticas sociales, pues lejos de atender las demandas de los inconformes se incurre sistemáticamente en excesos y violaciones a las garantías fundamentales, aseveró Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Frente a ello, el activista resaltó la necesidad de que el Estado mexicano cuente con una normativa que regule las intervenciones policiacas ante conflictos sociales, a fin de evitar agresiones, y en caso de que éstas se susciten, los responsables sean sancionados.

‘‘Hay que regular la intervención policiaca, crear leyes para el uso racional de la fuerza pública, la gradualidad en el uso de ésta y fijar controles para que esto se cumpla. De tal manera que, cuando en situaciones de conflicto, se tenga que recurrir a la fuerza policial, ésta se dé para mantener, restablecer y solucionar las problemáticas de manera adecuada, y con la posibilidad de que en caso de excesos haya sanciones, lo que en la actualidad no sucede, porque el tema no ha sido regulado’’, dijo.

Consideró que en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) continúa ‘‘la falta de democracia’’ gremial, aun con la detención y proceso judicial contra su ex lideresa, Elba Esther Gordillo. ‘‘No ha cambiado en nada ese sindicato, que sigue siendo autoritario, controlado por una dirigencia que lo sigue usando a su antojo, impidiendo la participación de las bases) y la elección de una representación real’’ de maestros.