Guadalajara, Jal., 30 de junio.

Este domingo, al concluir los tres días de la preaudiencia que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) realizó en San Isidro, municipio de San Gabriel –en el sur de Jalisco–, comunidades de diversos estados del país denunciaron daños irreversibles causados por empresas mineras en tierras y cuencas hídricas, con la permisividad del Estado mexicano. Además, se demandó detener el cultivo de maíz transgénico, al que calificaron de acto ecocida que atenta contra la diversidad natural.

El comité dictaminador analizó casos de minas que operan en Jalisco, Michoacán, estado de México, Veracruz, Morelos y el Distrito Federal, y emitió una conclusión que se integrará al expediente general del TPP, a partir de preaudiencias celebradas desde 2012 y hasta 2014 –cuando el organismo presentará su dictamen sobre México–, con denuncias de comunidades rurales o marginadas, por abusos del gobierno y empresas nacionales y extranjeras.

Los dictaminadores fueron Dora Lucy Arias, colombiana del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo; Jean Robert, activista e investigador social suizo; Fernanda Vallego, antropóloga ecuatoriana, y el sacerdote jesuita Alfredo Zepeda, activista por los derechos de los indígenas.

Zepeda dijo que, como indicaron representantes de comunidades que acudieron a San Isidro, el Estado parece estar aliado con las empresas sin importar la oposición de las comunidades afectadas por grandes proyectos hidráulicos o mineros, que causan devastación y contaminación irreversible.

El caso de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago es uno de los más escandalosos e irreversibles por el daño que se ha causado en varios estados, y muestra cómo el Estado impone condiciones para que desastres ecológicos como éste ocurran y continúen, dijo.

Entre las comunidades que participaron en la preaudiencia destacaron indígenas wixaritari (huicholes), quienes señalaron que el caso de la minera canadiense First Majestic Silver, que opera en el territorio sagrado de Wirikuta (en Real de Catorce, San Luis Potosí), no es el único, pues continúan el despojo y la invasión de tierras en Jalisco y Nayarit.

En síntesis, pudimos concluir cómo continúa el desvío de poder contra el pueblo y en favor de las empresas, sobre todo las trasnacionales, agregó Zepeda.