El Frente Amplio Contra la Supervía Poniente exhortó al gobierno de la ciudad a interponer un juicio de lesividad contra la empresa Controladora Vía Rápida Poetas (OHL-Copri), al considerar que la declaratoria de necesidad de la autopista urbana de peaje es ilegal.

Además, debe exigir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) actuar con autonomía y ratificar la sentencia emitida por la primera sala, que evidencia la ilegalidad de la obra; y a la Asamblea Legislativa, modificar la ley para “impedir títulos de concesión como éste, fruto de la complicidad entre el gobierno de la ciudad y las empresas.

Con un año y medio de retraso, se prevé que este mes se entregue la obra, que ha provocado afectaciones a 134 casas de la colonia La Malinche, en la delegación Magdalena Contreras, y el cobro de onerosas tarifas de la supervía, que la empresa podrá modificar de registrarse una reducción en el tránsito diario promedio y se asegure que en todo tiempo la vía opere con las condiciones de fluidez y seguridad.

De acuerdo con el título de concesión otorgado, no se prevén sanciones y multas ni por el retraso ni por las muertes y accidentes por negligencia durante la obra o la calidad de la misma, quedando vecinos y vecinas en manos de la empresa, pues el gobierno afirma que no le corresponde, denunció el frente.

Además, en la cláusula 20 se estipula que en caso de rescate de la vía, la concesionaria tendrá derecho a obtener una indemnización, cuyo monto será fijado por peritos, tomando en consideración los estudios financieros que se presentaron para el otorgamiento de la concesión, el tiempo que falte para que concluya el plazo de vigencia de la concesión y la amortización del capital invertido y de la TIR (tasa interna de retorno) del proyecto.

De acuerdo con diversos especialistas, dijo, no circulará el número de autos estimado por esa vialidad para la recuperación de la inversión: 40 mil al inicio de la obra y 140 mil hacia el décimo año, por lo que habría que pagar a la empresa recursos públicos por más de 6 mil millones de pesos, más los intereses acumulados.

Mencionó que además la empresa podrá evaluar la conveniencia de ampliar la vía mediante la incorporación de tramos adicionales o derivaciones que puedan beneficiar el tránsito.

Sin embargo, las autoridades capitalinas no han actuado, pues hay dos demandas de nulidad en el TCA sin admitirse. “¿No es obvio el conflicto de interés de la presidenta de ese tribunal, Jazmín Esquivel Mossa, esposa desde diciembre de 2011 del señor Riobóo, constructor de la supervía?”, cuestionó el frente.