La legalización del consumo, producción y comercialización de drogas consideradas ilegales en México se analiza en la Cámara de Diputados desde una perspectiva distinta a la criminalización de las personas consumidoras.

La dirección de Servicios de Investigación y Análisis del órgano legislativo elaboró un trabajo comparativo en torno al debate de las drogas en el país. Se manifiesta que en la actualidad ese tema no sólo afecta las relaciones sociales y las actividades económicas, sino que se ha extendido al ámbito de la seguridad, acrecentándose de forma acelerada en la denominada lucha contra el narcotráfico emprendida desde la anterior administración federal.

La investigación, elaborada por la maestra Claudia Gamboa y Miriam Gutiérrez, señala que diversas opiniones especializadas han dado argumentos sobre la legalización de las drogas.

A favor persisten los siguientes: el ser humano deja de ser materia prima de la industria delictiva; reafirma que las acciones privadas pertenecen sólo a los hombres; reduce al mínimo todo contagio de VIH; impide las muertes por la ingestión de sustancias adulteradas; evita la búsqueda ilegal de drogas; impide el deterioro familiar y la estigmatización social y los delitos y generación de nuevos delincuentes; evita el incremento del precio y las abarata; liquida los engranes entre el tráfico, la corrupción y el soborno; impide la desestabilización de las estructuras del Estado; reduce el acoso a la soberanía de los países periféricos; enfrenta el lavado de dinero y decreta el fin de la llamada guerra contra el narcotráfico y su costo social y económico.

En contra los argumentos son menos, y de ellos destacan: se abre las puerta a la drogadicción; el mercado ilícito no desaparece porque el traficante se mantiene activo; exceso en los gastos y recursos que demandaría la legalización; se incrementaría la desatención a usuarios y adictos y se avala la muerte.

En la actual legislatura de la Cámara de Diputados (62) se encuentra un paquete de reformas a diferentes disposiciones con el fin de establecer un proyecto de ley general para el control de la cannabis, la atención a las adicciones y la rehabilitación, que pretende regular la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de esta droga y sus derivados, observando el problema del consumo, en este caso la mariguana, desde una perspectiva muy diferente a la criminalización de las personas que la consumen.

En el caso de algunas entidades federativas, los Códigos Penales de Coahuila, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas, refiere el estudio, disponen de regulaciones del delito de posesión de algún narcótico cuando estos se encuentren en posesión de farmacodependientes o consumidores, eximiéndolos de sanción.

En Coahuila se establece que no se procederá penalmente por el delito de posesión simple de narcóticos, contra quien sea farmacodependiente o consumidor.

En Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas se indica que no se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan algunos de los estupefacientes previstos en la tabla de orientación, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otros personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder.