as leyes no se hacen con amenazas, se hacen con argumentos, pontificó Emilio Chuayffet ( La Jornada, 21 de junio), ante la continuidad de las movilizaciones magisteriales en rechazo a la reforma constitucional y las leyes reglamentarias que pretenden sancionarse. Sin embargo, calculadamente omitió señalar que su oposición a la reforma no sólo se ha expresado a través de intensas protestas y amplias movilizaciones por todo el país y que simultáneamente han formulado críticas fundamentadas y diversos proyectos alternativos expuestos en múltiples congresos y foros educativos. Pero, al parecer, el secretario ha resuelto desdeñar sus planteamientos y, por el contrario, es quien reiteradamente ha vertido amagos y amenazas al magisterio en resistencia.

Al informar que las iniciativas de ley sobre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Servicio Profesional Docente fueron entregadas desde abril al Congreso, aseveró que el gobierno federal ha celebrado consultas con todos los agentes y protagonistas del proceso educativo, legisladores y con quienes tienen interés legítimo en participar. Seguramente se refiere a Mexicanos Primero, organismos empresariales, partidos del Pacto por Peña Nieto, la OCDE y la domesticada dirigencia recién impuesta en el SNTE. Mientras, para Chuayffet los docentes que han cuestionado la reforma no son considerados interlocutores auténticos y legítimos. Es decir, se consultan y valoran otras opiniones, pero no de quienes reclaman ser escuchados y tienen derecho a participar y decidir sobre la reforma educativa: los maestros.

El contenido de las leyes secundarias se ha mantenido virtualmente en la penumbra por el gobierno federal y los legisladores, y su debate público permanece agazapado; sin embargo, se anuncia que serán aprobadas en agosto. En el proyecto sobre el Servicio Profesional Docente, éste es definido como el conjunto de actividades y mecanismos para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes de educación pública y el impulso a su formación continua, a fin de garantizar la idoneidad de sus conocimientos, competencias y capacidades en educación básica y media superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados.

Por su relevancia e implicaciones, sólo nos referimos ahora a las cuestiones enunciadas sobre el ingreso. En este apartado se ratifica que el acceso al servicio docente se realizará mediante concursos públicos de oposición que determinarán las capacidades y conocimientos de quienes aspiren a incorporase al trabajo magisterial, con base en los estándares e instrumentos de evaluación definidos por el INEE y la SEP. Así, a los aspirantes eventualmente seleccionados para acceder al trabajo docente sólo se les concederá nombramiento con carácter inicial. Es decir, sujetos a un periodo de inducción de tres años, evaluaciones anuales y acompañamiento de un tutor designado por la autoridad. Al término de la inducción, los profesores iniciales que a juicio de la autoridad muestren niveles de insuficiencia en su desempeño, resultados desfavorables en las evaluaciones o incumplan con esta obligación, serán separados del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa, es decir, simplemente despedidos. En tanto, aquellos que obtengan resultados favorables y cumplan con las exigencias del servicio, obtendrán nombramiento definitivo, lo cual es relativo, también estarán en riesgo de perder su puesto de trabajo conforme a los resultados de las evaluaciones que les sean aplicadas en el transcurso de su vida docente.

Las innovaciones que se aprestan a imponer constituyen una aberración regresiva que deforma drásticamente el acceso al trabajo magisterial y deja en la indefensión laboral a quienes en adelante se incorporen como docentes en condición de profesores aprendices. Por ello es necesario enfatizar que los denominados concursos de oposición, en realidad son exámenes de selección y no la vía para reclutar supuestamente a los mejores profesores, como se dice. Abundan investigaciones y estudios que lo han demostrado plenamente. La selección tiene destinatarios e intenciones identificables: excluir a miles de jóvenes egresados de las normales públicas, especialmente a los normalistas rurales, para incorporase al trabajo docente y avanzar en la desarticulación de estas instituciones con el sistema público de educación, así como apostar a su gradual extinción. Los concursos aplicados desde 2008 hasta ahora han significado la exclusión de alrededor de 400 mil aspirantes a profesores.

La creación del profesor inicial y el periodo de inducción no sólo representa carecer de plaza docente y derechos laborales, es además la imposición de un nuevo mecanismo de control y disciplina para los nuevos maestros en todos los ámbitos de su quehacer educativo y de contención de sus actividades sindicales, sociales y políticas, mediante el tutelaje y las sanciones evaluatorias que condicionan su permanencia. Su objetivo de fondo es consolidar un proyecto de limpieza preventiva que paulatinamente elimine de la escuela a los profesores comprometidos con la defensa de la educación pública y el derecho a la educación de los mexicanos.