El proceso de aprobación de la reforma migratoria en Estados Unidos generó reacciones de académicos y organizaciones civiles, que lamentaron que los congresistas tengan la intención de avanzar en la materia, aunque al mismo tiempo se prevee reforzar el muro fronterizo.

Leticia Gutiérrez Valderrama, directora general de la agrupación Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados, señaló que aunque la reforma es una esperanza para miles de personas, también hay un lado perverso, al intentar sellar aún más el límite entre ambos países.

Dijo que esa posibilidad es una ofensa grave porque el muro fronterizo representa que México nunca ha sido amigo de Estados Unidos, sino socio comercial y, agregó, ni siquiera en ese nivel nos tratan como iguales, sólo como brazos que vienen a trabajar.

Rocío Miranda Pérez, presidenta nacional de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, calificó de trampa mortal la reforma migratoria porque sólo “pondrá visibles a los 11 millones de indocumentados, quienes serán presa fácil para la limpia migratoria, la deportación y la separación familiar”. Exhortó al gobierno federal y al Congreso de la Unión a fijar una postura contra la enmienda.

Iliana Rodríguez, especialista en temas internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, dijo que los cambios implican aspectos positivos, pero al mismo tiempo se pueden generar mayores violaciones a los derechos humanos. Advirtió sobre el reto que significará para el gobierno mexicano el flujo de deportados que lleguen en los siguientes años. Es una reforma de claroscuros, dijo.

Javier Urbano, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, dijo que el reforzamiento de la frontera encarecerá el tránsito y dará más inseguridad a la población que quiere cruzar.

También lamentó el papel reactivo de las autoridades mexicanas, de no tomar parte en un activo cabildeo en beneficio de la población migrante.

David Sarquís, profesor del Tecnológico de Monterrey, señaló que aunque el incremento de medidas de seguridad es un acto soberano de Estados Unidos, el problema no se puede resolver con medidas unilaterales.

Eduardo Rosales, profesor de posgrado de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, dijo que la reforma es tardía, parcial e insuficiente, por ser posterior a la de 1986, cuando el gobierno de Ronald Reagan regularizó a casi tres millones de migrantes.

Es parcial, agregó, porque no conseguirá que los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos logren una estancia legal, por los requisitos que impone, como haber llegado hasta el 31 de diciembre de 2011, y no toma en cuenta a los que lo hicieron a partir de 2012, con lo que, de manera automática, medio millón queda fuera.