La responsabilidad en el proceso de cancelación del contrato para adquirir 240 mil computadoras portátiles no es sólo del proveedor, también es de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de quien fungió como testigo social del proceso, en este caso Transparencia Mexicana, pues su participación no ha servido para aclarar las decisiones de gobierno, sino para fungir como su aval, advirtieron especialistas.

Perla Gómez Gallardo y Javier Esteinou Madrid, profesores-investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entrevistados advirtieron que no se puede decir simplemente que no se falló, cuando los resultados son evidentes.

La autoridad educativa, agregaron, debe dar explicaciones muy concretas de por qué se eligió a una empresa que ni siquiera pagó la fianza, pero también debemos conocer qué papel jugaron organizaciones que avalaron estos procesos.

Transparencia Mexicana, indicaron, debe hacer una profunda autocrítica, porque con estos resultados lo que está en juego es su credibilidad. No se puede avalar un proceso que fracasa, y decir, que todo está bien, aseguró Esteinou Madrid, quien recordó que este organismo también supervisó la licitación de Enciclomedia.

Goméz Gallardo, experta en derecho a la información y transparencia, aseguró que es igual de importante que el gobierno rinda cuentas, como las organizaciones civiles que participan en estos procesos de licitación como testigos sociales, porque, ¿quién vigila al vigilante? ¿A quién le rinden cuentas organizaciones que pueden recibir financiamiento internacional, pero que en su portales y reportes no queda claro cuál es su agenda e intereses ni como se da su toma decisones?

Consideraron que si sólo se busca legitimar las decisiones de un gobierno, se compromete la legitimidad de cualquier organismo que se preste a validar una situación que al final es controvertida, pues legalmente no tienen ninguna injerencia en la toma de decisiones de las autoridades, y cabe preguntarse entonces por qué no dan un seguimiento puntual de cualquier irregularidad.

Tecnología chatarra

Esteinou Madrid, indicó, que una de las irregularidades es que no se cuestionaron las características técnicas del equipo, al que la SEP sólo le otorga una vida útil de 5 años, es decir, justo un periodo de gobierno federal, cuando todos sabemos que un equipo de cómputo al que se le da mantenimiento y actualización puede durar mucho más.

Debemos ser muy críticos, dijo, pues por su “descripción técnica, pareciera que se optó por un modelo de laptop chatarra, lo que es un riesgo si se considera que su objetivo final es educativo”.

El equipamiento tecnológico no puede tener una eficiencia sexenal, cuando se trata de una inversión tan cuantiosa y que forma parte de un programa piloto para llegar a millones de alumnos de educación básica. Resulta muy preocupante que en esa licitación no se detectara los riesgos de ese tipo de especificaciones, concluyó.