a situación brasileña sigue estimulando los más diversos comentarios, pero la sorpresa no se ha disipado. Por doquier surgen expertos en comunicación, redes sociales y revoluciones atípicas de la era digital (ni de izquierda ni de derecha, todo lo contrario), teóricos al vuelo que advierten en las grandes movilizaciones la hidra de la revolución eterna o los críticos listos para extender el acta de defunción al progresismo redentor de Lula y Rousseff. Unos y otros, lejos de intentar comprender la dinámica sui generis de la protesta, asignan responsabilidades, señalan culpables y, en última instancia, tratan de sobrevivir en el río revuelto sin abandonar la defensa de intereses personales, como los del ex presidente Cardoso, quien estuvo entre los primeros en sumarse a la deriva antigobiernista sostenida por los medios, los cuales han perseverado en el intento de transformar las banderas apartidarias del movimiento en consignas antipartidistas contra el PT y sus aliados.

Sin embargo, lo único cierto es que el estallido de las protestas tomó a los políticos –y a los observadores– con la guardia baja, sin advertir que, para bien o para mal, las movilizaciones anuncian el final de un ciclo, el punto de inflexión que definirá el futuro de ese gran país. Para los que seguimos los hechos desde lejos no es sencillo orientarse entre la maraña de informaciones, sin incurrir en analogías facilonas, pero sí es indispensable escuchar lo que se dice en el campo de batalla. En ese sentido, son ilustrativas las advertencias recogidas en un editorial de CartaMaior que, a mi modo de ver, sitúa con objetividad el dilema brasileño: Si las fuerzas democráticas, dirigidas por los partidos de izquierda y organizaciones progresistas, no tienen la capacidad de construir rutas de paso hacia un nuevo ciclo, con un salto de la democracia participativa y los objetivos de calidad de la dimensión pública de la vida, alguien más lo hará, en la dirección opuesta de la democracia social que el país lucha por construir desde el fin de la dictadura militar y antes de ella. Todo el dispositivo de medios conservadores opera febrilmente con el propósito de descalificar la capacidad de las fuerzas progresistas para conducir la próxima etapa de la economía y la sociedad.

Por eso era tan importante la reacción de la presidenta Dilma Rousseff. Y no defraudó las esperanzas, pues de inmediato comprendió que la situación exige salidas políticas, no paliativos. Para ello, además de afrontar de inmediato la rebaja de los transportes que había detonado la protesta, Rousseff propuso cinco grandes pactos nacionales a los 27 gobernadores y 26 alcaldes para: a) mantener la responsabilidad fiscal, la estabilidad económica y el control de la inflación; b) culminar la reforma política; c) impulsar la salud; d) transporte público, y e) educación. En la parte medular de su propuesta, la presidenta señaló: Quiero proponer un debate sobre la convocatoria de un plebiscito popular que autorice el funcionamiento de un proceso constituyente específico para hacer la reforma política que el país necesita. Pospuesta durante años o congelada en el Congreso, la oposición a la reforma política ha impedido la renovación de la clase política, beneficiaria única de las formas de elección vigentes y usufructuaria del financiamiento privado que hace posible el enquistamiento de la corrupción en el Estado, al tolerar la compra de los puestos de elección popular en beneficio de una clase política parasitaria.

Para dejar clara su postura, Rousseff planteó la posibilidad de convocar a un plebiscito para una asamblea constituyente sólo para la reforma política, que es, sin duda, la vía rápida para destrabar las resistencias generadas en el Congreso que es, en definitiva, quien debería lanzar la convocatoria. Como era de esperarse, los opositores saltaron por todas partes contra la iniciativa (Cardoso dijo a El País que las reformas políticas mediante plebiscitos son propias de regímenes autoritarios), pero la presidenta ya había puesto una pica en Flandes, obligando al resto de los políticos, que también son repudiados por los manifestantes, a asumir que el problema de fondo no se puede resolver sin una reforma sustancial del régimen vigente.

Ignoro si la presidenta tendrá éxito ante la profundidad de la crisis, pero nadie la podrá acusar de hacerse a un lado ante los riesgos que la amenazan (cuánta responsabilidad le corresponde a ella, cuánta a las instituciones, a la política, al modelo y al modo de ser de la sociedad brasileña tan diversa y desigual, es un tema aparte). En cierto modo, su actitud serena y la decisión de actuar con humildad ante los otros es un ejemplo, sobre todo cuando muchos gobiernos apelan para excusarse de responsabilidades a los formulismos de la ley o a la represión legítima. ¿Cuántas veces no hemos visto a los gobiernos escudándose en el principio de autoridad para no negociar con los ciudadanos asuntos de interés general? Más vale exigir lo imposible –en este caso la asamblea constituyente– a dejar pasar el momento como si nada grave ocurriera. Tienen razón quienes señalan que la presidenta Dilma respondió con perspicacia histórica al clamor de las calles. Disparó en la dirección correcta, escribió Carta Maior. ¿Le alcanzarán el tiempo, los recursos? ¿Podrá recuperar la confianza de las mayorías, o la protesta, en el contexto de una economía declinante, afectará el curso electoral a favor de la derecha, como ocurrió en España. Las respuestas están en el aire.