Brasilia, 26 de junio.

Decenas de miles de personas salieron este miércoles a las calles de Brasil en nuevas manifestaciones para exigir el fin de la corrupción y mejores servicios públicos, justo después de que el Congreso cedió ante algunas demandas claves de las extendidas protestas, entre las que destacan equiparar la corrupción con delitos como el asesinato o una violación, así como destinar regalías de la venta de petróleo a salud y educación.

En Belo Horizonte, cerca de 50 mil personas se congregaron para pedir mejorías en los sistemas de educación y de salud, en momentos en que la tercera ciudad del país era sede de la semifinal de la Copa Confederaciones de futbol entre Brasil y Uruguay, torneo previo a la Copa del Mundo 2014.

Jóvenes encapuchados lanzaron piedras a la policía, que usó gas lacrimógeno para detener a los manifestantes a unos tres kilómetros del estadio Mineirao de la ciudad, en el que Brasil se impuso a Uruguay por dos goles a uno. Un cartel que colgaba de un puente decía: FIFA vuelve a casa, en referencia a la federación que gobierna el futbol internacional.

Autoridades locales dijeron que un joven de 21 años resultó herido de gravedad.

Saqueos, incendios y destrozos

Al menos 24 personas fueron detenidas. Se reportaron saqueos, dos incendios de proporciones incontrolables en dos concesionarias de automóviles y destrozos en decenas de tiendas.

Más temprano también hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías cuando algunos activistas intentaron derribar las rejas que fueron colocadas como barrera de protección en los alrededores del estadio, a lo que los agentes respondieron con gases lacrimógenos.

En Brasilia, manifestantes patearon balones de futbol hacia el cordón policial en dirección al Congreso, en una protesta pacífica contra los miles de millones de dólares que Brasil ha invertido en construir nuevos estadios para los torneos globales.

Los manifestantes dicen que los fondos deberían haber sido empleados para mejorar los servicios públicos de salud, educación y transporte.

La policía se desplegó en la ciudad y cortó el tránsito en la explanada central de la moderna capital brasileña, donde los ministerios federales permitieron a sus empleados volver a casa temprano.

Alrededor de 2 mil personas marcharon pacíficamente en la ciudad noreste de Recife para denunciar la corrupción.

Casi dos semanas después del inicio las mayores protestas en 20 años, los líderes políticos brasileños parecen estar por fin reaccionando y comenzaron a responder a las demandas populares de cambios.

En el Congreso, iniciativas que llevaban durmiendo varios meses comenzaron a ser aprobadas. El Legislativo rechazó esta madrugada una enmienda constitucional que habría limitado la autoridad de los fiscales federales para investigar delitos, una medida que los manifestantes veían como un intento de los políticos por evitar las investigaciones de corrupción.

Además, el Senado aprobó un proyecto de reforma al Código Penal que califica la corrupción de crimen hediondo, es decir, con la misma gravedad que un asesinato o una violación. La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados.

Nuestros representantes están escuchando a la gente ahora. Estamos creando una nueva conciencia política, afirmó Amanda Caetano, portavoz del grupo Suficiente es Suficiente, que exige frenar los privilegios que disfrutan los políticos.

En otra respuesta a las protestas, la Cámara baja del Congreso votó a favor de un proyecto de ley que destina 75 por ciento de las regalías de la producción futura de petróleo a programas de educación, y el restante 25 a salud.

Además, un comité del Senado aprobó una medida que removería los impuestos al transporte público, facilitando a ciudades y estados una rebaja en las tarifas de autobuses y el metro.

La Suprema Corte de Justicia ordenó prisión inmediata para el diputado Natan Donadon por desvío de fondos públicos, en la primera decisión de este tipo aplicada a un legislador en funciones desde que fue aprobada la Constitución de 1988. Donadon es del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño, aliado del gobierno.

Mantienen convocatoria a paro

Y las principales centrales sindicales decidieron mantener una convocatoria de movilización y paralizaciones para el 11 de julio tras una reunión que sostuvieron hoy con la presidenta Dilma Rousseff, quien no atendió nuestras reivindicaciones, señaló el jefe de Força Sindical, Paulo Pereira da Silva.

El ministro de Trabajo, Manoel Dias, dijo que las centrales sindicales dieron su apoyo a la presidenta para la propuesta de realizar un plebiscito sobre una reforma política.

Una protesta relativamente pequeña contra un aumento en los pasajes del transporte y la subsiguiente represión policial a inicios de este mes desataron finalmente los disturbios que han remecido al país más grande de América Latina.

Varias ciudades brasileñas dieron marcha atrás en las alzas de tarifas, pero el movimiento amplió sus reclamos, desde el rechazo a los miles de millones de dólares gastados en estadios de futbol para el Mundial de 2014 hasta una ley sobre una cura gay que se tramita en el Congreso y permitiría a los sicólogos tratar la homosexualidad como una enfermedad.

Sin embargo, uno de los temas comunes que se mantiene en las marchas es la profunda desconfianza hacia una clase política percibida como corrupta, con sueldos excesivos y que parece más preocupada de ayudarse a sí misma que a la sociedad.