Las mujeres presas en cárceles del país sufren condiciones indignas de reclusión debido, entre otros factores, al hacinamiento y al hecho de que se ven obligadas a convivir con hombres, lo cual las pone en estado de mayor vulnerabilidad, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar en conferencia de prensa un informe especial sobre el tema, el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva señaló que en México hay 11 mil 901 mujeres presas: 8 mil 839 (74 por ciento) por delitos del fuero común y 3 mil 62 (26 por ciento) por faltas de carácter federal.

De los 69 centros de reclusión donde hay población mixta, agregó, en 47 hay régimen de autogobierno, lo cual pone todavía más en riesgo la seguridad e integridad de las internas.

Asimismo, se tiene registro de 290 reclusas cuya situación es particularmente grave por su condición étnica, ya que la mayoría no cuenta con traductor para comprender los términos de su proceso ni son tomados en cuenta sus usos, costumbres e idioma.

El titular de la CNDH subrayó que las presas no tienen condiciones dignas de estancia en la cárceles, pues reciben tocamientos impropios y sufren actos humillantes; deben convivir con reos o custodios del sexo masculino y no hay ninguna separación de acuerdo con su peligrosidad.

Además, la atención médica es deficiente, ya que no existen instalaciones específicas para mujeres; el abasto de agua es limitado y no hay suficientes actividades laborales, deportivas o de capacitación.

El estudio reveló que en muchos penales no existe o no funciona adecuadamente el consejo técnico interdisciplinario –encargado de imponer castigos–; no hay actividades de reinserción social ni condiciones dignas para las mujeres que conviven con sus hijos en la cárcel.

Se ha detectado que muchas mujeres son víctimas de actos de tortura generalizada y de violaciones sexuales, que incluso producen embarazos no deseados, aunque la CNDH no logró sistematizar las cifras sobre este fenómeno.

Por lo anterior, la CNDH emitió una serie de recomendaciones a los gobernadores de todos los estados, al Gobierno el Distrito Federal y al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, para que generen una política penitenciaria con enfoque de género, con el propósito de que la reclusión de las mujeres se realice en inmuebles separados a los de los hombres.

También solicita que las reclusas que vivan con sus hijos reciban trato respetuoso y digno, atendiendo sus necesidades de salud, educación y capacitación, y separando adecuadamente a las internas de acuerdo con su situación jurídica y clasificación criminológica.

Asimismo, la CNDH llamó a las autoridades a crear instalaciones y programas de atención para los menores de edad que viven en cárceles con sus madres; que contraten personal de custodia exclusivamente femenino y que se ponga en marcha un programa de capacitación para los vigilantes de las penales con la finalidad de evitar los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Plascencia Villanueva sostuvo que algunas entidades donde existen peores condiciones de encarcelamiento para las mujeres son: Guerrero, Nayarit, Coahuila y el Distrito Federal, pero en muchas ocasiones las internas no se quejan porque se exponen a recibir castigos desproporcionados, como permanecer 180 días en su celda sin realizar actividad alguna.