El conflicto que vive la bancada del PAN en el Senado ya dañó la imagen del órgano legislativo, afirmó Miguel Barbosa, coordinador de los legisladores del PRD; mientras su homólogo del PRI, Emilio Gamboa Patrón, hizo un llamado a los panistas a dirimir sus diferencias en forma interna con la finalidad de no afectar los trabajos de esa cámara.

Entrevistado tras su participación en el foro Las reformas que vienen, relizado en Querétaro, Gamboa consideró necesario que los legisladores le den gobernanza al Senado.

Por su parte, Barbosa sostuvo que la polémica desatada entre los senadores panistas también puede repercutir en las próximas elecciones, por lo cual propuso solicitar la intervención de la dirección jurídica y de la secretaría de asuntos parlamentarios del Senado para que se pronuncie sobre la validez de las reformas al estatuto que llevaron a cabo 23 senadores afines a Ernesto Cordero.

Barbosa señaló que este miércoles se reunirá la Junta de Coordinación Política y seguramente se hará un llamado a recuperar la vida institucional en la bancada del PAN, ya que ese órgano pluripartidista no tiene facultades para ir más allá, toda vez que la mesa directiva define todo lo referente al gobierno del Senado.

Debido a que la mesa directiva es la que debe decidir sobre la legalidad de las reformas a los estatutos que rigen al grupo parlamentario del PAN, y el presidente es el panista Ernesto Cordero, representante de uno de los grupos en pugna, es fundamental la opinión de la dirección jurídica y de la secretaría de asuntos parlamentarios.

De esa forma, agregó, sería una decisión respaldada, con estricto apego a la ley, que también debe referirse a la posibilidad de un conflicto de intereses en la actuación de Cordero al frente de la mesa directiva.

Agregó que no se ha medido el efecto que tendrá la confrontación panista en la oposición en las elecciones del 7 de julio en 14 estados, pero es obvio que va a influir, por lo que se requiere una solución conjunta.

El perredista dijo que se necesitan reformas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, así como los procedimientos administrativos en el Senado, para que la opinión pública tenga certeza sobre el uso y destino de los recursos públicos.