Los empresarios del país llamaron a ‘‘superar el mito de un nacionalismo ligado a un monopolio petrolero estancado por restricciones que lo asfixian’’ y no privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex), pero sí abrir el sector energético a inversiones públicas y privadas.

Como respuesta, en un par de líneas, el presidente Enrique Peña Nieto expresó: ‘‘En el próximo periodo ordinario de sesiones, en el marco del Pacto por México, impulsaremos la reforma energética y fiscal, a fin de modernizar y dinamizar más nuestra economía’’.

Ambas posturas se fijaron en el contexto de la 39 asamblea ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuyos integrantes advirtieron que no transformar el actual esquema del manejo petrolero puede dejar al país fuera de la mayor revolución del sector energético ‘‘de los últimos cien años’’.

Relecto por dos años más al frente del organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani estableció el reto: ‘‘Atrevámonos a dejar atrás lo que nos limita y no tiene razón de ser’’. En el mundo, dijo enseguida, se perfilan cambios radicales en el consumo de hidrocarburos, así como un aumento en la producción mundial de los mismos vía fuentes como el shale gas y el petróleo shale, que abundan en México, pero también en Estados Unidos y Canadá.

‘‘A mediano y largo plazos esto implica precios y exportaciones a la baja, y de no prepararnos con inversión y tecnología (y resolver) dificultades en nuestra capacidad de autoabastecernos, esto puede ser un riesgo futuro’’, dijo el empresario.

Enseguida, Gutiérrez Candiani destacó la opinión del sector privado del país en contra de la privatización de Pemex y en favor de la apertura a las inversiones públicas y privadas para potenciar al sector y a la economía. Según el CCE, la reforma en materia energética detonará inversiones por 300 mil millones de dólares en este sexenio y generará ‘‘cientos de miles’’ de empleos.

Por ello la exigencia de que ‘‘nuestra riqueza en hidrocarburos, patrimonio de la nación, sea fuente de valor agregado para la sociedad y palanca de desarrollo’’. En resumen, el sector privado quiere ‘‘empresas públicas modernas y eficientes con autonomía y capacidad de gestión, que puedan participar en asociaciones estratégicas con una fórmula ganar-ganar’’.

No fue ese el único tema donde los empresarios pusieron sus puntos sobre las íes. ‘‘Con la misma urgencia’’ hablaron de la necesidad de una reforma hacendaria que incremente en al menos cuatro puntos porcentuales la recaudación tributaria, que hoy no pasa de 10 por ciento del PIB. Pidieron entonces un esquema fiscal equitativo, competitivo y promotor de la inversión, el empleo y la formalidad, así como ampliar la base de contribuyentes efectivos, eficiencia recaudatoria y simplificación intensiva, todo esto acompañado de mayor transparencia y rendición de cuentas en el gasto público.

Pero también en esa materia, el presidente Peña Nieto definió las intenciones de su administración: ‘‘Construir un sistema de seguridad social universal que se irá consolidando paulatinamente conforme se logre concretar la reforma hacendaria’’.

El mandatario había hecho una exposición para dar cuenta de los avances de la Agenda por México, propuesta por el sector privado y suscrita por él como candidato a la Presidencia de la República en 2012. En ese recuento mencionó que la Procuraduría General de la República ya prepara una iniciativa para crear la ley general de fundamentos penales y que, junto con el código único de procedimientos penales, permitirá acelerar la implementación del sistema penal acusatorio.