Legisladores del Congreso de la Unión y especialistas reaccionaron contra del plan de Estados Unidos para sellar la frontera con México. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, señaló que esa decisión hace evidente que para ese país los migrantes son criminales; mientras Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política, exhortó con mucho respeto a los integrantes del Senado estadunidense para que piensen bien qué tipo de relación quieren con nuestro país.

De gira por Oaxaca, el priísta señaló que México no tiene injerencia alguna en esas determinaciones; sin embargo, con bardas no se resuelven los problemas entre vecinos. Al contrario, los vecinos se tienen que tratar con flexibilidad y acercamiento.

La senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, dijo que desafortunadamente el gobierno de Barack Obama no tiene mayoría en el Congreso y debido a ello se aprobó un gasto de 30 mil millones de dólares para sellar la franja fronteriza.

Barbosa también destacó que es sorprendente que una reforma migratoria se acompañe de medidas de cerrazón de las fronteras, de persecución de los migrantes.

“Desafortunadamente –añadió– es la visión que tienen de una política migratoria en Estados Unidos, que es de ver a los migrantes como criminales, no como personas que llegan a contribuir a fortalecer la economía de esa nación”.

Sobre el tema, Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés), dijo que esto es algo que se ve sólo entre países en guerra. Es una agresión desmedida a las comunidades de la frontera, advirtió.

Lamentó que esta nueva agresión se sume al largo camino que tendrán que recorrer los eventuales beneficiarios de una reforma migratoria para alcanzar la ciudadanía, lapso que podría extenderse hasta por 10 años.

Las reacciones se generaron a partir de que, previo a la discusión y eventual aprobación del proyecto de reforma, el Senado de Estados Unidos votó a favor de sellar la frontera con México mediante el incremento al doble en el número de agentes federales en la zona y la construcción de centenares de kilómetros de alambrada para impedir el paso de indocumentados, incluso en las zonas desérticas.

También se ordena la compra de equipos de detección y vigilancia, cámaras, vehículos, drones y helicópteros para detectar a cualquiera que intente cruzar la frontera de día o de noche.

El sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, consideró que el muro que pretende construir Estados Unidos resultará inútil, y manifestó su preocupación por los miles de policías que estarán violando sistemáticamente los derechos humanos de los migrantes, principalmente de las mujeres.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, lamentó que el discurso del gobierno de Washington de flexibilizar a la migración en realidad se ha traducido en actitud contraria, por la decisión del pasado martes y el incremento de las deportaciones masivas. Dijo que es urgente discutir estos temas bilaterales al más alto nivel.

Al Rojas, vocero del Consejo de Mexicanos en el Exterior (CME), enfatizó que se busca una reforma migratoria, pero este precio es excesivamente grande. Nos sentimos traicionados. Volvemos a ser moneda de cambio en la política estadunidense.

Hizo un llamado a las comunidades de mexicanos en la frontera con Estados Unidos a que se unan en contra de la militarización porque está embistiendo de manera violenta los derechos civiles y humanos de migrantes.

Sobre la reforma, Julia Harrington, oficial mayor jurídica para la Igualdad y la Ciudadanía de The Open Society Justice Initiative (OSJI), advirtió que contiene varios aspectos discriminatorios, como la propuesta de nuevas categorías de ciudadanía que hacen distinciones entre los derechos humanos de los estaunidenses y de los migrantes residentes.