La Comisión Federal de Competencia (CFC) entregó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los partidos integrantes del Pacto por México, una serie de propuestas de adecuaciones a la ley secundaria en materia de competencia económica, que permitirían al nuevo ente antimonopolios ejercer su función conforme a las altas expectativas que se le han depositado.

Entre los cambios propuestos por las áreas técnicas de la CFC destacan que la nueva Ley Federal de Competencia Económica debe garantizar la libre competencia. Actualmente se define que el objeto de la legislación es proteger el proceso de competencia.

Para ello, la CFC planteó que la nueva comisión no solamente prevenga y elimine monopolios, sino que además investigue las prácticas contrarias a la libre competencia.

Consideró que la nueva ley debe asentar que en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones será la autoridad competente para aplicar el nuevo marco legal en la materia.

La propuesta, difundida este martes, señala que sólo se realizarían las modificaciones necesarias para que la ley refleje la reforma constitucional que entró en vigor el 12 de junio, que los cambios sean concordantes con las mejores prácticas internacionales, y que se garantice la certidumbre jurídica, sin sacrificar la eficacia.

Se busca consolidar, sostuvo, la política de competencia como pilar de la productividad de la economía, su crecimiento acelerado y el bienestar de los consumidores, así como traducir la reforma constitucional en una ley secundaria que permita al nuevo pleno de la Comisión Federal de Competencia ejercer su función conforme a las altas expectativas que se le han depositado.

La reforma constitucional otorgó autonomía a la CFC y autoridad para imponer condiciones de acceso a insumos esenciales y, en caso necesario, decretar la desincorporación de activos para evitar daños al proceso de competencia, expuso el presidente del organismo, Eduardo Pérez Motta.

El funcionario aseveró que la mayoría de la legislación vigente es consistente con la reforma constitucional, por lo que un nuevo ejercicio de revisión profunda no sólo resultaría innecesario, sino que implicaría el riesgo de retroceder respecto a lo alcanzado en 2011.

Con base en las facultades constitucionales, que le permitirán a la nueva comisión eliminar barreras a la competencia y libre concurrencia, la CFC propuso modificaciones al artículo 14 de la ley sobre la emisión de dictámenes, y la derogación de dos párrafos de ese mismo artículo.

La CFC planteó que la legislación explique la definición de insumo esencial, dado que la nueva comisión tiene la facultad de regular el acceso a productos y servicios.