En el cuarto y último día de las audiencias públicas para la reforma política, convocado por el PRD y senadores panistas, especialistas destacaron que en el país existe la posibilidad de llevar a cabo la segunda vuelta en elecciones presidenciales, aunque debe cumplir ciertos requisitos.

Miguel Negretto Pérez, integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirmó que un mecanismo de mayoría relativa en el que compiten más de dos candidatos importantes a la Presidencia representa el peor sistema. Esto se debe, explicó, a que da lugar a un Ejecutivo con bajo apoyo electoral y permite que puedan ganar las elecciones los candidatos que ocupan los últimos lugares en las preferencias electorales.

Dijo que en México es absolutamente necesario establecer una sistema de segunda vuelta, con umbrales mínimos para las elecciones presidenciales, e incluso con niveles más bajos que el mecanismo de 50 por ciento más uno.

Por su parte, el politólogo Ignacio Marván Laborde consideró que las propuestas para propiciar la formación de gobiernos de coalición son inoperantes y potencialmente muy conflictivos, porque se propone introducir la figura del jefe del gabinete, sin mencionar si van o no a dividir al Ejecutivo, o si el presidente dejará de ser el titular de la administración pública federal.

Al mantener la elección por separado y el mandato fijo de las cámaras legislativas, agregó Marván, el poder creíble de amenazas se concentra sólo en los órganos legislativos, los que podrían, sin costo alguno, remover secretarios a su antojo y dar una enorme inestabilidad al gobierno.

Con este argumento, el investigador del CIDE se pronunció porque el presidente de la República mantenga la facultad de nombrar libremente a los secretarios del despacho y que sigan siendo designados por él, pero con la ratificación de la mayoría de los senadores.

A su vez, el jurista Diego Valadés, al referirse a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, aseveró que la democratización de este programa sólo se alcanzará cuando su elaboración y aprobación resulten de la deliberación responsable y la decisión compartida de quienes hagan mayoría en el Congreso.

Refirió que los controles políticos democráticos no consisten en inhibir la acción de los gobernantes, sino en reducir sus márgenes de discrecionalidad y en contar con instrumentos de evaluación que permitan corregir y sancionar.