Sao Paulo, 24 de junio.

Pocas personas en Brasil saben mejor que la presidenta Dilma Rousseff lo que es tener unos 20 años y estar furiosa con el gobierno.

Rousseff, que en la década de 1960 fue guerrillera marxista y peleó contra la dictadura militar, está ahora del otro lado del mostrador, intentando desactivar las protestas que en las últimas dos semanas sacaron a más de un millón de personas a las calles, alteraron los mercados y podrían incluso amenazar su relección en 2014.

Y la ironía no pasó desapercibida para los manifestantes, como uno que llevaba la semana pasada un cartel con una foto de Rousseff tomada tras su detención a los 22 años y la leyenda: ¡Tus ideales eran los mismos que los nuestros! ¡Queremos otra vez a esa Dilma!.

Pese a su pasado y sus actuales políticas de izquierda, los asesores de Rousseff dicen que lo mismo que a otros políticos le costó entender qué querían los manifestantes y decidir cómo reaccionar. Y la dura verdad es que no hay opciones fáciles.

Las demandas de más gasto en hospitales, escuelas y transporte público no podrían llegar en peor momento para su gobierno, que intenta recuperar su credibilidad ante los inversores mediante un renovado foco en la disciplina fiscal.

El movimiento de protestas, que no tiene nombre ni líderes y floreció gracias a las redes sociales y la enorme participación de estudiantes universitarios, unió a brasileños frustrados con la corrupción, los deficientes servicios públicos y los miles de millones de dólares gastados en preparativos para la Copa Mundial 2014.

Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, decenas de personas resultaron heridas y dos muertas.

Rousseff prometió reprimir a una minoría de manifestantes violentos que saquearon comercios y cometieron actos de vandalismo contra edificios gubernamentales, pero elogió el espíritu democrático de la mayoría y dijo que atendería sus demandas. La presidenta tenía programado reunirse el lunes con gobernadores y alcaldes buscando apoyo para sus planes de construir hospitales y mejorar el transporte público en las ciudades de Brasil.

Quiere, además, convencerlos para que apoyen una propuesta de ley que destinaría todas las regalías de la exploración de nuevos yacimientos de petróleo a escuelas públicas y otros proyectos de educación.

Pero la economía no logra ganar velocidad, la inflación está deteriorando el poder de compra y las crecientes tasas de interés encarecen el crédito al consumo.

Eso significa que Rousseff no tiene mucho margen de maniobra y en el corto plazo los manifestantes difícilmente verán mejoras concretas en sus vidas.

Y aun así, la capacidad de Rousseff de convencer a los brasileños de que por lo menos ella está de su lado será crucial para evitar que las protestas devengan en violencia o distraigan el resto de su agenda justo cuando la economía se muestra delicada.