La Acción Afirmativa, en peligro
n 1961, John Kennedy emitió una orden ejecutiva conocida como Acción Afirmativa, cuyo principal objetivo era romper con la discriminación racial. De entrada ordenó a todas las agencias del gobierno que quienes trabajaran y fueran contratados en ellas, deberían ser tratados en igualdad de condiciones sin distinción de raza, color, credo o nacionalidad. Las agencias gubernamentales debían exigir las mismas condiciones a las empresas o instituciones con las que tuvieran alguna relación. Estos preceptos se reafirmaron cuatro años más tarde, cuando Lyndon Johnson los incorporó en un decreto de ley. Con el tiempo, el programa de Acción Afirmativa incorporó a las mujeres, a los discapacitados y adultos mayores.
La ley ha tenido mayor impacto en los sectores laboral y educativo. En este último, ha sido la puerta para que millones de afroamericanos y latinos hayan tenido la oportunidad de cursar una carrera universitaria, lo que difícilmente hubieran logrado de no haber existido tal legislación. Con apoyo en la Acción Afirmativa, en diversas instituciones de educación superior se han creado cuotas mínimas para el ingreso de minorías raciales y étnicas, lo que en diversos momentos ha sido motivo de controversia. Esta modalidad ha sido refutada en diversos litigios promovidos por estudiantes que alegan haber sido discriminados por ser blancos, lo que consideran como discriminación inversa
. En otras palabras, la discriminación en contra de afroamericanos y latinos se torna ahora en contra de quienes históricamente han discriminado.
Quienes invocan la Acción Afirmativa como medio para defender las cuotas, sostienen que es una forma de igualar las condiciones de quienes durante años han competido en desigualdad de circunstancias. Además, dicen, el programa fomenta diversidad en los centros de educación superior y rompe con estereotipos en torno a las minorías raciales y de sexo. Quienes están en contra argumentan que tal pretensión atenta contra la cuarta enmienda constitucional, que garantiza igual protección para todos.
En unos días, la Suprema Corte deberá decidir si el sistema de cuotas es discriminatorio o no. De ese fallo depende que miles de estudiantes, la mayoría de ellos latinos y afroamericanos, puedan continuar recibiendo el apoyo necesario para tener acceso a la educación superior, lo que les permitirá mejores condiciones de competencia en una sociedad en la que históricamente han estado en desventaja.
