En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el gobierno federal señala la importancia de la sustentabilidad en sus proyectos para diversos rubros de la economía, pero pareciera tener el cinismo de conocer la verdad y no proponer soluciones reales a los problemas ambientales del país, expresa un documento de análisis de la organización ambientalista Greenpeace.

Apenas concluido por los especialistas Aleira Lara, Paloma Neumann, Beatriz Olivera y Sinaí Guevara, y hasta ahora no dado a conocer a la opinión pública, el estudio gira en torno a cuatro vertientes: agricultura y transgénicos, bosques, energía y cambio climático y tóxicos.

Greenpeace insiste en que la política ambiental del gobierno de Enrique Peña Nieto prioriza el beneficio económico, político e industrial en detrimento de la biodiversidad, a la luz del Pacto por México, la Estrategia Nacional de Energía, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Plan Nacional Forestal.

En tanto, la coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mireya Ímaz, dice que aún es temprano para realizar un diagnóstico de la política del gobierno federal y de las acciones que se han anunciado en seis meses de gestión. Sin embargo, advierte que urgen medidas concretas, efectivas y transexenales, de mediano y largo plazos.

El país está frente a una grave crisis alimentaria, de pobreza, de pérdida de biodiversidad, de desforestación, de contaminación de sus aguas (superficiales y profundas), de sus costas, de la calidad del aire de las ciudades medias y grandes, de posible aprobación de los cultivos transgénicos. Es un panorama ambiental muy complejo. Si en uno o dos años no cambiamos esta dinámica, el país difícilmente podrá responder después a esta tragedia ambiental, aseveró.

Cifras alarmantes

Greenpeace destaca que el propio gobierno maneja en su documento cifras alarmantes como las del costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en México, que en 2011 representó 6.9 por ciento del PIB; que las sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 ocasionaron alrededor de 5 mil muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250 mil millones de pesos; que cerca de 60 millones de personas viven en localidades que se abastecen de alguno de los 101 acuíferos sobrexplotados del país, o que el tratamiento del agua residual es de 47.5 por ciento.

Guevara destaca que “el origen de los problemas del agua en México está en el manejo del recurso, al priorizar su valor económico sobre su valor vital. Se da preferencia a las megaobras sobre la planeación sustentable de las cuencas”.

Citó como ejemplo el enorme trasvase que deja sin riego al pueblo yaqui en Sonora; a la sobreexplotación, con consecuencias graves como el hundimiento en zonas como Iztapalapa; a las concesiones sin vigilancia de cumplimiento de las cantidades acordadas, como es el caso de las múltiples denuncias contra las refresqueras; a las leyes permisivas y sin inspecciones de descargas tóxicas industriales, que sólo en la cuenca del Río Santiago afecta a un tercio de la población adyacente (más de 500 mil personas).

Para Ímaz hay muchas expectativas de las acciones que tomará el gobierno de Peña Nieto, sobre todo porque los últimos dos sexenios panistas fueron bastante erráticos en políticas ambientales.

Las instituciones académicas, añade, son las únicas que pueden dar una visión de mediano y largo plazo a las políticas de las instituciones responsables del ambiente. La sociedad y la academia tienen la responsabilidad de vigilar las estrategias ambientales difundidas por el gobierno, como la de cambio climático o la de energía, y en un año hacer una evaluación para, de ser necesario, reorientarlas.