El Partido Acción Nacional insiste en que se castigue con penas de prisión de 10 a 30 años a los ciudadanos que participen en manifestaciones y utilicen artefactos incendiarios explosivos o tóxicos. El argumento del partido redunda en que las movilizaciones atentan contra la paz pública.

Recientemente, el jueves pasado, la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro decidió por mayoría considerar la propuesta panista como dictamen con sentido negativo. Esto implica que el grupo de trabajo opinó que la propuesta del diputado Francisco Sotomayor carece de contenido y técnica jurídica y, sobre todo, criminaliza la protesta social.

En esa reunión, los legisladores que reprobaron la proposición advirtieron que no se puede permitir que las cárceles de máxima seguridad en México sean pobladas con jóvenes que han visto rotos sus anhelos de desarrollo profesional y laboral, a causa de la crisis económica y la violencia delincuencial que persiste en el país.

Tal respuesta fue rechazada por Sotomayor, quien en la reunión del jueves perdió los estribos, elevó el tono de voz, y acusó al PRD y al gobierno de la ciudad de México de beneficiarse con los actos de violencia ocurridos en algunas manifestaciones.

Con vehemencia, el representante del PAN defendió su propuesta de llevar a prisión a toda aquella persona que con el rostro cubierto utilice artefactos incendiarios, explosivos o tóxicos contra la fuerza pública. Incluso acusó a la mesa directiva de la comisión y a sus integrantes de violar la norma interna del Congreso, porque en la votación donde se rechazó su propuesta se incorporó el voto por escrito de dos legisladores del PRD.

Lo que nunca reconoció el diputado Francisco Sotomayor es que sus compañeros María Guadalupe Mondragón y Carlos Fernando Angulo se retiraron minutos antes de la votación para que no hubiese quórum y reventar el encuentro. Después de esto el representante de los panistas dijo que había sido víctima de una maniobra inaceptable e indignante del resto de los diputados que rechazaron su peculiar y autoritaria propuesta.

Horas después, el viernes, la mesa directiva de la Comisión de Justicia, presidida por el priísta Ricardo Fidel Pacheco, envió a la Comisión de Derechos Humanos el dictamen en positivo de reforma al artículo 141 bis al Código Penal Federal, para que se aplique la pena referida de 10 a 30 años de cárcel a las personas que con el rostro cubierto participen en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y utilicen artefactos inflamables, explosivos o tóxicos.

Además, el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia contiene un nuevo elemento que es el de toda acción violenta, durante manifestaciones de ciudadanos deben ser consideradas como atentatorias de la paz pública.

Así, pese a las implicaciones negativas para la convivencia social contenidas en el documento calificado de negativo por la Comisión de Derechos Humanos, el grupo de trabajo de justicia considera viable tal norma, y en el apartado contra la paz pública, insiste en establecer lo siguiente:

“141 bis. Se impondrán de 10 a 30 años de prisión, sin perjuicio de las penas que correspondan por delitos que resulten, al que realice actos en contra de las personas, las cosas, servicios públicos o privados, que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de las mismas, utilizando sustancias tóxicas, inflamables, explosivas o armas.

Las penalizaciones se incrementarán hasta en dos terceras partes cuando dicha conducta se realice utilizando elementos que impidan su total o parcial identificación (gorras, pasamontañas o paliacates) de las características fisonómicas del sujeto activo.

La iniciativa del diputado Sotomayor pretende incorporar el tipo penal contra la paz pública, con la tesis que entiende esto como los actos en contra de las personas, las cosas, servicios públicos o privados que perturben la coexistencia pacifica, armónica y civilizada de los ciudadanos, utilizando sustancias toxicas, inflamables o explosivas.

Así, el PAN y la presidencia de la comisión, encabezada por el priísta Ricardo Fidel Pacheco, pretenden aprobar el citado dictamen que significaría, a decir de los representantes del Partido del Trabajo y del PRD, una abierta criminalización de las protestas sociales.