Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), admitió que no funciona la alerta de género, establecida para prevenir feminicidios, debido a que los integrantes de ese sistema (los 32 institutos de género en el país y autoridades federales y locales) son juez y parte.

Por ello, dijo, urge modificar ese mecanismo, así como homologar el concepto de feminicidio en las legislaciones de los estados, porque no está tipificado como delito especial el asesinato de mujeres en varios de ellos.

“Sólo 26 estados han tipificado el feminicidio, pero seis no (entre ellos Chihuahua, pese a que encabeza la lista de entidades con más asesinatos de mujeres), además que las penas varían. En algunos casos alcanzan 14 años de prisión y en otros la pena es perpetua”.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, Martha Lucía Micher Camarena, sostuvo que cuando interviene la política, fracasa el sistema de la referida alerta.

A la fecha se ha requerido la declaratoria de alerta de género en siete entidades (estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Baja California, Nuevo León y Morelos), donde se repite un patrón de feminicidios, sin que en ninguna se haya declarado la alarma.

Aun cuando la alerta de género es una oportunidad para que las autoridades de un estado puedan replantear sus acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, lo ven como una amenaza, dijo tras subrayar que si en Ciudad Juárez, Chihuahua, se hubiera declarado esa alerta desde que empezaron los feminicidios para llevar infraestructura en las áreas marginadas, luminarias, vigilancia policiaca y otras acciones, otra sería la situación.

Es increíble. No les da vergüenza a los estados; no les importa la vida de las mujeres, por anteponer la política, enfatizó