e acuerdo con un análisis presentado ayer por Grupo Financiero Banorte-Ixe, entre enero y marzo de 2013 el gasto público en el país experimentó una caída de 10.4 por ciento respecto del trimestre anterior. De acuerdo con Delia Paredes Mier, directora de análisis de la citada institución financiera, esa contracción está relacionada con la desaceleración en el crecimiento del producto interno bruto (PIB), que en el primer trimestre de este año se incrementó apenas en 0.8 por ciento.
Semejantes datos desmienten lo expresado hace unos días por el presidente Enrique Peña Nieto, quien en el contexto de su gira por el Reino Unido calificó de natural
que haya algunos espacios de subejercicio
, atribuyó ese fenómeno al arranque de la nueva administración y lo desvinculó de la desaceleración económica que se ha observado
. La realidad es que la contracción referida en el gasto público resulta pronunciada e inexplicable, incluso si se da por bueno el argumento de temporalidad anunciado por Peña: el desplome de 10.4 por ciento en el ejercicio presupuestal prácticamente duplica el observado durante el arranque del sexenio de Felipe Calderón (5.5 por ciento entre enero y marzo de 2007), y es mucho mayor a los registrados durante las administraciones de Vicente Fox (2.8 por ciento) y Ernesto Zedillo (4.2 por ciento).
Por otra parte, ha de cotejarse la afirmación de que no hay vínculo entre la reducción referida y la desaceleración económica actual con el hecho de que, a tres décadas de aplicación de modelo neoliberal y a pesar de la consecuente reducción y pérdida de potestades del Estado mexicano, el gasto público sigue siendo el principal motor en la economía nacional, como queda de manifiesto ahora, habida cuenta de la correlación entre el aumento de los subejercicios y la desaceleración del crecimiento económico, como pudo observarse en 2009, cuando los recortes presupuestarios ortodoxos en respuesta a la crisis económica mundial derivaron en una caída histórica del PIB nacional, de 6.2 por ciento.
Ante tales consideraciones, es inevitable concluir que la reducción en el gasto gubernamental no sólo impacta negativamente en los servicios públicos, los programas sociales y las actividades administrativas desarrolladas por el Estado, sino que también equivale a inducir, desde el poder público, una contracción en el conjunto de la economía nacional: un ejemplo de lo anterior es la coincidencia entre la crisis que enfrenta actualmente el sector inmobiliario –algunas de cuyas principales empresas han incurrido en suspensión de pagos a sus acreedores– y los subejercicios observados en ramos como el de la infraestructura, el cual asciende a 37 por ciento, según diversos especialistas.
Peor aun, la reducción en el flujo de presupuesto público amenaza con añadir elementos de descontento social en la frágil estabilidad política. Ayer mismo, cientos de campesinos realizaron una marcha del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación en demanda de un pacto por el campo
y en reclamo por los rezagos en la aplicación del presupuesto asignado a los programas rurales.
Es obligado preguntarse, ante los elementos de juicio mencionados, si el subejercicio en el gasto es signo de descuido e ineficacia en la actual administración federal –lo que de suyo sería muy grave– o si obedece en cambio a un inexplicable designio de retrasar la urgente reactivación económica.
