Se anidan y nacen en playas de las islas de Japón; durante años se protegen entre las algas, mar adentro, y una vez que llegan a la etapa juvenil, atraviesan los más de 14 mil kilómetros del Océano Pacífico para, tras una escala de muchas de ellas en Hawai, arribar a las costas del Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, donde vivirán varios años antes de regresar, ya adultas y en edad reproductiva, a su lugar de nacimiento.

Sin embargo, después de sortear un sinfín de depredadores (aves, roedores, reptiles, insectos, peces o crustáceos), las tortugas caguama o amarilla (Caretta caretta) ya no llegan a un santuario mexicano, pues desde hace más de 20 años se encuentran en peligro de extinción debido a una depredación mayor: primero la pesca intencional, ya prohibida, y ahora la pesca incidental, que las atrapa entre sus redes escameras y tiburoneras, palangres y simpleras, en las que mueren asfixiadas.

Más grave aún, a partir de la reciente veda del tiburón, la actividad local se ha enfocado en el lenguado, en cuyas artes de pesca se acentuó la mortandad de la caguama, la más alta a escala mundial, como informaron ayer organizaciones civiles ambientalistas y científicas, nacionales e internacionales, que incluso pidieron la intervención urgente del presidente Enrique Peña Nieto para frenar este problema en el Golfo de Ulloa.

Y un dato alarmante: en 2012 murieron unas 2 mil 250 de esas tortugas, lo que representa un aumento de 600 por ciento respecto del año anterior, según destacaron representantes de dichas organizaciones, entre ellas Defenders of Wildlife de México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Smithsonian-Mason School of Conservation.

Repercusiones

Encabezados por Juan Carlos Cantú, Alejandro Olivera y Agustín Bravo, advirtieron en conferencia de prensa que, además, el asunto ha trascendido a escala internacional y, por ejemplo, el Congreso y gobierno de Estados Unidos ya revisan el caso y en año y medio podrían imponer sanciones comerciales a México, sobre todo un embargo injusto a la importación de productos pesqueros, pues éste sería general e incluiría al camarón y al atún, lo que, en este último caso, ya causó un diferendo que duró varios años.

Aclararon que no es necesario que instituciones como las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) –en especial por medio de la Comisión Nacional de Pesca– o la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realicen más investigaciones para conocer las causas de esa mortandad, pues a lo largo de una década se han hecho varios estudios con apoyo de diversas instancias científicas, nacionales y extranjeras.

El origen de la mortandad de tortugas caguama, han concluido, es la pesca incidental de las flotas locales, no factores biotóxicos causados por algas o fenómenos como la marea roja ni algún tipo de contaminación ambiental provocada por la actividad humana.

La evidencia científica sobre mortandad de tortugas debido a las redes de pesca es contundente y no se debe negar. Proponer nuevas hipótesis no hace más que reafirmar que los gobiernos federal y estatal están ignorando años de investigaciones, señaló vía telefónica el investigador sudcaliforniano y director ejecutivo de Smithsonian-Mason School of Conservation, Alonso Aguirre, quien incluso el pasado 8 de junio envió una carta a Peña Nieto para pedir su intervención.

No se debe dar más largas, dijeron Cantú, Olivera y Bravo, pues urgen acciones inmediatas, como la creación de una zona de refugio para esas tortugas, la modificación de las artes de pesca utilizadas hasta ahora y la asesoría y apoyo a los pescadores de esa región de Baja California Sur para que puedan seguir desarrollando sus actividades de manera sustentable.

El panorama se agrava si se considera que existe una población total mundial de 30 mil tortugas caguama, 20 mil de las cuales están en su etapa juvenil y habitan en las costas mexicanas en espera de –en un momento determinado por los misterios de la naturaleza– poder regresar a su lugar de nacimiento.