os empresarios están nerviosos. Su asalto a la educación pública se topó con grandes inconvenientes. No lo esperaban. Centenares de miles de maestros la resisten. Sus argumentos para justificar su ofensiva pierden peso en la opinión pública. La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) –que ellos publicitan como la panacea que sana todos los males educativos– hace agua.

El pasado 10 de junio, en medio de un gran escándalo nacional por la corrupción en la aplicación de la prueba y de duras críticas por parte de reconocidos académicos, Emilio Chuayffet informó que la continuidad de Enlace estaba en veremos y anunció que podría desaparecer. La junta de evaluación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) anunció la formación de un comité de especialistas para estudiar la permanencia o la cancelación de este instrumento de medición escolar.

De inmediato se prendieron las luces de alarma en el cuarto de guerra patronal. La organización empresarial Mexicanos Primero, dedicada a cabildear políticas públicas privatizadoras en el terreno educativo y a organizar campañas contra el magisterio, salió en defensa de la prueba. David Calderón, su director general, escribió: que Enlace no permita evaluar todos los propósitos de la educación no significa que sea inútil, inválida o errónea y advirtió que romper la secuencia histórica de la prueba sería muy grave.

Conmocionados por el anuncio gubernamental, los dirigentes patronales salieron a defender el examen ante la opinión pública y con las autoridades educativas. El 13 de junio, Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtió: hemos expresado nuestro total convencimiento que la Prueba Enlace debe continuar y que la única forma en que podemos mejorar el país es evaluando nuestros propios resultados a través de una prueba que corresponda a las realidades del país.

Un día después, el 14 de junio, el pleno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunió a puerta cerrada con Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública, para tratar el asunto. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del organismo, informó que ellos van a continuar empujando los resultados de la prueba Enlace en todo el país y seguir midiendo a nuestros niños y jóvenes a nivel internacional con la prueba PISA.

El dirigente patronal añadió que el encuentro tuvo por objetivo que la visión y propuestas del sector privado estén incluidas en esa ley secundaria. Adicionalmente buscan coadyuvar con la SEP para la instrumentación plena del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el avance en la agenda de la educación con calidad.

Sin que les falte razón, los empresarios presumen que las recientes modificaciones constitucionales en el terreno de la enseñanza pública son obra suya. Así lo proclaman a los cuatro vientos. En el documento Por un cambio en el paradigma de la educación en México, fechado el pasado 4 de marzo, el sindicato patronal afirma: Coparmex ha sido uno de los grandes impulsores de la reforma educativa; a lo largo de nuestros 83 años de existencia hemos pugnado por cambios estructurales que fueron incluidos en este decreto. Y entre esos logros incluye: la incorporación del concepto de calidad educativa en el artículo tercero constitucional; la medición objetiva y pública de los resultados de evaluaciones de los maestros y alumnos, y, el ingreso al servicio docente y promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión con previa certificación de competencias, capacidades y conocimientos de los docentes.

Pero ahora sienten que estos triunfos están en peligro. El movimiento magisterial democrático ha conquistado una interlocución que a los empresarios les resulta inadmisible. Cuando el pasado 14 de mayo, después de numerosas protestas impugnando la reforma educativa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunió con el consejo rector del Pacto por México, los empresarios publicaron en la prensa nacional un desplegado en el que anuncian la formación del movimiento Juntos por la Educación. El movimiento apoya la reforma educativa y exige al gobierno federal que no acepte presiones políticas ni acciones de chantaje de los profesores de la coordinadora.

Juntos por la Educación es un membrete del mundo patronal en el que participan organizaciones como Fundación Chespirito, Federación de Escuelas Particulares del Estado de México, Rotary International, Instituto Hispanoamericano de Suicidología, Coparmex y Mexicanos Primero. Pretende frenar cualquier posibilidad de que la presión docente logre la abrogación de la reforma educativa, o haga que se declare una moratoria. Busca que en las leyes secundarias no se establezcan candados a los exámenes estandarizados de opción múltiple, no se respete el federalismo, ni se garanticen conquistas laborales de los profesores como el de la permanencia en el empleo.

Las movilizaciones de la disidencia magisterial democrática, su crítica a la reforma educativa, sus diagnósticos de la situación de la enseñanza en el país y sus propuestas alternativas han modificado la correlación de fuerzas en el terreno político-educativo.

El gobierno federal tiene dificultades reales para seguir adelante con su proyecto legislativo-pedagógico. Ignorar la nueva situación puede acarrearle graves costos. Si en agosto da un albazo y hace aprobar leyes secundarias lesivas a los docentes, provocará una ola de malestar de proporciones insospechadas. Esta ola de descontento fácilmente puede entrar en sincronía con la que propiciará la aprobación de las reformas hacendarias y energética y la situación económica cada vez más precaria.

Nada de esto lo ignoran las cámaras patronales. Van perdiendo terreno en la batalla de la opinión pública, que creían ganada, y sufrieron un fuerte descalabro con la prueba Enlace. Su intención de disfrazarse de sociedad civil abortó. Salvo dar manotazos en la mesa, no tienen argumentos que ofrecer. Están al borde de un ataque de nervios.