¿Quién o quiénes desaparecen personas en México? Rainer Huhle, miembro del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas y de la junta directiva del Centro de Derechos Humanos de Nurenberg, lo tiene claro: además de las desapariciones forzadas cometidas por autoridades o en connivencia con grupos de la delincuencia organizada, actualmente hay en todo el país un fenómeno llamado la privatización de las desapariciones.

Se trata de una perversa privatización de la desaparición forzada, porque elementos que no son del Estado han copiado la técnica y la han hecho suya. Hay muchos casos donde ni los familiares de las víctimas tienen idea clara del motivo de la desaparición ni de los responsables, dice el funcionario de origen alemán en entrevista con La Jornada durante su reciente visita al país para analizar el fenómeno de las desapariciones.

En un lugar como México, donde es fácil desaparecer personas con tanta impunidad, se multiplican los motivos. Y cuando la falta de investigación es tan grande todo puede suceder. Sin embargo, independientemente de quién sea el responsable, el Estado tiene la obligación clara de investigar y sancionar ese crimen.

Mientras el Estado mexicano reconoce alrededor de 30 mil desaparecidos en los últimos siete años, organizaciones no gubernamentales llegan a ubicar más de 300 mil, según un estudio realizado por Marien Rivera, coordinadora del área de seguridad del Centro de Investigación para el Desarrollo AC, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para Rainer Huhle, la falta de estadísticas confiables es una de las características del crimen de la desaparición: con tanta inseguridad como hay en México, la gente no se atreve a denunciar; por otro lado, las autoridades judiciales a cargo de las investigaciones dejan los casos por falta de interés o incapacidad. Nosotros no manejamos cifras, no tenemos registros cuantitativos. Nuestra ambición no puede ser elevar números o bajarlos. No es más terrible la desaparición de 5 mil, 8 mil que la de una persona. Tenemos que concentrarnos en el fondo del problema, que es la desaparición forzada, ese procedimiento tan inhumano y tan terrible. Y si sucede con muchas personas es peor, pero preferimos no meternos en cifras.

El Comité sobre Desapariciones Forzadas, previsto en la convención internacional para la protección de todas las personas contra ese delito, fue constituido hace dos años, y se encuentra en una etapa incipiente. “La convención es un tratado entre estados, firmado por los gobiernos. Nuestra función es recordarle insistentemente al Estado mexicano lo que ha firmado, y en esto ha suscrito mucho. Las víctimas tienen una herramienta en la mano para exigir a las autoridades que cumplan lo que está suscrito. Es un derecho consumado en una convención internacional, un instrumento de alto rango legal.

Los estados deben reportarnos su cumplimiento de la convención. Nosotros no realizamos acciones de búsqueda, presionamos al Estado para la localización con vida de las personas desaparecidas. Revisamos los casos con toda la información de la sociedad civil, que siempre está más cercana a los hechos. Nuestro comité tiene competencia para los casos sólo a partir de la entrada en vigencia.

Entre las funciones del comité de la ONU se encuentra la realización de misiones de observación y acopio de información para examinar toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida o sus representantes legales para que se busque y localice de manera inmediata.

Rainer Huhle tiene amplia experiencia en torno a las desapariciones ocurridas en Chile, Uruguay, Argentina o Perú, y al analizar el caso mexicano observa una grave situación: la falta de un banco nacional de ADN y el cruce de datos con los más de 10 mil cadáveres sin identificar. Es inaceptable esta situación. El gobierno alega que es por falta de recursos. Una prueba de ADN es costosa, pero ante la gravedad del problema, el Estado debería darle prioridad a esto. La identificación de restos significa un enorme alivio para las familias.

Sobre la impunidad que cubre los crímenes cometidos por el Ejército Mexicano y la Marina, el experto de la ONU aclara: ninguna autoridad esta exenta de las obligaciones que ha contraído México en la convención, ni el Ejército ni la Marina.

¿Estado simulador?

María Elena Herrera Magdaleno escuchó la intervención de Rainer Huhle en el foro sobre desaparecidos, pero dice que ya no le convencen los discursos de funcionarios mexicanos ni extranjeros. Tiene cuatro hijos desaparecidos. Jesús y Raúl desaparecieron con otros cinco compañeros el 28 de agosto de 2008, en Atoyac de Álvarez, Guerrero.

A partir de ese día nos cam biaron la vida. Empezamos una búsqueda incansable. Durante dos años tratamos de hallarlos pagando abogados, contratando personas que nos decían ser detectives. Hubo quienes abusaron de nosotros diciéndonos que iban a conseguirnos redes de teléfonos para que supiéramos de dónde se había hecho tal o cual llamada. Fuimos estafados y empezamos a repartir dinero que no teníamos. Se nos acabaron los recursos.

Dos años después, sus hijos Gustavo y Luis Armando salieron a trabajar rumbo a Veracruz y desaparecieron en Poza Rica, el 21 de agosto de 2010: la tortura, el tormento que estamos viviendo no se compara con nada. Ya sin recursos, ni medios para la búsqueda.

María Elena se ha ido consumiendo poco a poco. Tuvo 11 hijos, de los cuales vivieron ocho, pero no puede dejar de pensar en los que ya no están con ella: Me han arrebatado a cuatro. No dejo de buscarlos. En todos los eventos me verán. Voy cuando me invitan y cuando no me invitan. Me uno a todas las asociaciones o grupos de personas que están en la búsqueda de sus seres queridos. No dejo de luchar.

La desesperanza se refleja en su mirada y sus palabras transmiten angustia: a nosotros el sistema de gobierno es el que no nos sirve. Dentro de las instituciones hemos encontrado gente valiosa que quiere hacer las cosas bien, pero el mismo sistema de gobierno ya les tiene marcadas determinadas cosas. Eso es lo que más duele. Se habla muy bonito, pero acciones no veo.

María Elena fue invitada al diálogo que sostuvieron integrantes de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad con Felipe Calderón, donde le reclamó su guerra fallida: tenía mucha confianza en que antes de irse Calderón me iba a sacar mi problema adelante, y no ha habido nada. A la fecha no tengo a mis hijos conmigo. Ya ni sé qué pensar. Temo hablar, herir susceptibilidades, pero la verdad nuestro dolor es tan grande que ya no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la va a pagar. Estamos muy cansados. Peña Nieto nos dio la cara cuando nos aprobó la Ley de Víctimas, pero luego nada. Aquí estamos igual que al principio, y vamos a seguir... pisando callos.

No puede contener el llanto; a su lado pasa Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, y reconoce en entrevista que los familiares son también víctimas del sistema de justicia mexicano. Las investigaciones más acuciosas y serias están en los cuadernos, fólderes de las mamás, papás y demás familiares. Parte del problema es que el Ministerio Público tiene una sensibilidad distinta a la que se requiere para enfocar su trabajo a la búsqueda de personas desaparecidas para encontrarlas con vida.

–¿Cuánto tiempo aguantará en su puesto si no hay resultados? Usted forma parte de una maquinaria impune e inoperante.

–No tengo un plazo, pero si no hay honestidad y sinceridad en los planteamientos y en las ejecuciones, yo no tengo nada que hacer allí. El indicador que voy a esperar en el corto plazo, máximo un par de años, son consignaciones y sentencias.

–¿Y si no las hay?

–Una de dos: o era una simulación o de plano México tiene que decirle al mundo que sus instituciones no funcionan.

–¿Usted sería parte de un Estado simulador?

–No.