urante décadas, los mexicanos nos acostumbramos a oír el discurso oficial, según el cual la educación nacional avanzaba viento en popa con cientos de nuevas escuelas construidas cada año, con el propósito de atender a todos los niños en edad escolar; a nadie se le ocurría preguntar sobre la calidad de la enseñanza que esos niños recibían, no obstante que se sabía de algunos que terminaban la primaria sin saber leer, e igualmente de maestros de bachillerato que se quejaban de que sus estudiantes no supieran multiplicar o dividir. Simple y alegremente, todos pensábamos que la educación que los niños recibían en las escuelas de todo el país era buena. ¡Tenía que ser buena!
Pero un día de 2003 nos enteramos de que en una evaluación internacional que se había aplicado a una muestra representativa de estudiantes mexicanos, se nos colocaba en el último de los lugares, entre cerca de 50 países también evaluados de la misma manera; entonces, la realidad nos cayó a todos como un cubetazo de agua fría, empezando por los gobernantes, ya que eran ellos los responsables del problema, dado que la educación es una responsabilidad del gobierno, de acuerdo con el artículo tercero de la Constitución. Claro que para muchos la comparación era injusta, (porque somos un país pobre y subdesarrollado), como si ello fuese un salvoconducto que nos eximiera de tener una preparación similar a las de las otras naciones, con las cuales nuestros productos y servicios compiten en el mercado mundial.
Así, nos quedó claro que nuestro sistema educativo no estaba a la altura de los estándares internacionales; si México pretendía mejorar su economía, algo debíamos hacer para mejorar la educación. Lo primero era, desde luego, establecer algún esquema de medición, sabiendo que resulta imposible o demagógico emprender acciones para mejorar sin contar con un método para medir lo que se pretende mejorar. Los esfuerzos y las propuestas para mejorar la educación han sido variados, unos cuestionables, otros mediocres y algunos acertados; uno de éstos ha sido la aplicación anual de las pruebas de Enlace, las cuales son diferentes para cada grado, a partir del cuarto de primaria.
Contra todo lo que se afirma, estas pruebas constituyen hoy un mecanismo valioso para evaluar la calidad de la enseñanza que reciben nuestros estudiantes. Evaluar con ellas a un estudiante o a un profesor de manera integral no es su propósito, para lo que representan un beneficio incalculable es para medir la calidad de algunos aspectos de la educación que reciben los estudiantes de un estado, una región o de todo el país para, a partir de allí, determinar las acciones a seguir.
En la última semana se han publicado varias críticas a estas evaluaciones, no con la idea de exigir que sean mejoradas, que se utilicen correctamente o se sancionen las malas prácticas en su aplicación, sino simplemente exigiendo su anulación, sin proponer ninguna alternativa para mejorar la educación, ¿De verdad hay alguien que piense que dejando de hacer estas evaluaciones la calidad de la enseñanza va a mejorar? ¿O es que simplemente no necesitamos que la educación mejore, porque así está bien?
Yo estoy de acuerdo en que hay problemas graves en cuanto a la aplicación de las pruebas de Enlace y el uso que se les da, como las señaladas por Luis Hernández Navarro en un artículo que escribió para La Jornada la semana pasada, como el pensar que con ella se puede estigmatizar a los niños por sus resultados, o el de ofrecer incentivos a los profesores cuando sus estudiantes salen bien evaluados, buscando con ello que los maestros sean los primeros interesados en modificar los resultados en su favor por la vía mas fácil; concuerdo con él en que eso está mal y que incluso distorsiona los objetivos y resultados de Enlace, sólo que el problema no son las pruebas, sino los usos que se hacen de ellas.
De manera similar, en muchos casos de escuelas y subsistemas estatales, los esfuerzos y las directrices que reciben los maestros son efectivamente los de preparar a los estudiantes para que respondan las pruebas de Enlace, y no para cubrir los programas de estudio, pero aquí tampoco se trata de las pruebas, sino de la miopía de las autoridades, incapaces de entender que su deber es preparar a sus estudiantes para la vida futura, de acuerdo con los programas educativos establecidos, y que si ellos están bien preparados, su evaluación será necesariamente buena. Plantear la suspensión o anulación de las pruebas estandarizadas, y de manera particular la de Enlace, por las múltiples prácticas deshonestas, equivocadas y malintencionadas que se mencionan, sería equivalente a demandar la suspensión o desaparición de las elecciones para mejorar el sistema democrático, por todas las prácticas deshonestas que conocemos y que desafortunadamente son ciertas.
Se ha dicho también que estas pruebas forman parte de un proceso con fines encubiertos, como favorecer la privatización de la educación, lo cual carece de sentido, pues de acuerdo con la información recabada en los archivos de resultados de la prueba, para la mayor parte de las ciudades del país las escuelas privadas aparecen evaluadas por abajo de las públicas, especialmente en el caso de la enseñanza media superior. Se dice también que entre las finalidades de la prueba están la eliminación de maestros por los malos resultados de sus alumnos, sin percatarnos que a quienes primero se está evaluando es a las autoridades responsables de la educación en cada estado y en cada subsistema; así, por ejemplo, si seguimos los resultados de Enlace de 2009 a 2012, para la educación media superior, el estado de Nuevo León pasó de la tercera posición a la posición 12 en matemáticas, en virtud de problemas que el gobernador de esa entidad y su secretario de Educación debieran explicar a los padres de familia y a la población en general; algo similar se debería exigir también a los gobernantes de Colima, Aguascalientes y Querétaro.
En esos casos debiera resultar claro que se trata de malos gobiernos que no están cumpliendo con sus compromisos, seguramente fallando en sus tareas de supervisión y desviando fondos que debieran ir al mantenimiento de las escuelas, a la compra de materiales escolares y a otros factores que inciden en el ambiente y el entusiasmo de profesores y estudiantes. Pero como nadie llama a dar cuentas a esos gobernantes, lo que ellos hacen es dejar que la sociedad estigmatice a los profesores como responsables del problema. No dudo que muchas de las críticas que hoy se hacen a Enlace tengan su origen en esos mismos funcionarios.
