Quito, 14 de junio.

El Congreso de Ecuador aprobó este viernes por mayoría una ley de comunicación que regula a los medios y reduce la participación del sector privado mediante una nueva repartición de frecuencias de radio y televisión. Asimismo, contenidos relacionados con violencia e implementa sanciones para periodistas y medios.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unesco han expresado su preocupación por los cambios legales impulsados por el movimiento oficialista y el gobierno.

La norma incluye el concepto linchamiento mediático para prohibir la difusión de información que busca desprestigiar a una persona o empresa, o reducir su credibilidad pública.

Esto marca un antes y un después en la historia de la comunicación, democratiza el acceso a la información y a los medios por parte de los ciudadanos, dijo a periodistas la ministra de la Política, Betty Tola, presente en la sesión.

La iniciativa fue votada por capítulos. Fueron aprobados cuatro con 108 sufragios en favor, 26 en contra y una abstención. Los tres restantes, con 110 votos afirmativos y 25 negativos. El texto, impulsado por el movimiento Alianza País del presidente izquierdista Rafael Correa, fue avalado cuatro años después de iniciado su trámite, ordenado por la Constitución de 2008.

La ley establece una nueva repartición de frecuencias y licencias de radio y televisión, concediendo 34 por ciento a medios comunitarios, 33 por ciento al sector público y 33 por ciento a los privados con fines de lucro.

El sector privado controla actualmente 85.5 por ciento de frecuencias radiales y 71 por ciento de televisivas, según la Superintendencia de Telecomunicaciones. Nunca más al monopolio de los medios, aseveró el ponente de la norma, Mauro Andino, en un discurso ante el pleno. Actualmente 18 medios están bajo control estatal, tras ser confiscados a banqueros a raíz de la crisis financiera de 1999.

Asimismo, la ley crea un consejo de regulación, el cual restringirá la difusión de contenidos violentos, explícitamente sexuales y discriminatorios.

Esa instancia, con potestad para sancionar a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones bajo el principio de responsabilidad ulterior, estará conformada por cinco miembros: un delegado del gobierno, uno de los municipios, uno del Consejo de Igualdad, uno de los organismos de control de la función pública y uno de la Defensoría del Pueblo.

Partidos opositores y algunos medios califican la ley de mordaza a la libertad de expresión. Los asambleístas del movimiento Creo –segunda fuerza política– asistieron a la sesión con la boca tapada con pañuelos blancos y carteles con consignas como la vida es nada si la libertad se pierde.

Para César Ricaurte, director de la organización no gubernamental Fundamedios, la norma no es una ley democrática, pues consagra la censura previa y el monopolio estatal sobre los medios.

Andino sostuvo que la ley se ajusta a lo que dicen la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y destacó un inciso que sanciona el linchamiento mediático, el cual consiste en la difusión de información concertada y publicada reiterativamente para desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.

La ley se enmarca en la disputa entre el presidente y un sector de la prensa, al que acusa de manipular la información y llevar a cabo una campaña de desprestigio y desestabilización en su contra.

El momento álgido de esa pugna fue el juicio que el gobernante ganó el año pasado al diario El Universo, en el cual tres directivos y un ex editor fueron condenados por injuria a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares.