El grupo denominado Consejo Liberal en Pro del Estado Laico exigió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, promover lo conducente para que se inicie juicio político a la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, quien en un acto religioso entregó la capital nuevoleonesa a Jesucristo. Asegura que la funcionaria incurrió en violaciones al artículo 130 constitucional y muestra una posición totalmente conservadora, retrógrada y oscurantista.

En una carta entregada ayer a Gobernación, denuncian además que la coordinadora del programa Talleres en tu Comunidad en Monterrey, la monja María Guadalupe Cavazos, condiciona el ingreso a estas actividades a que los interesados acudan a clases de doctrina católica.

Sin duda la política establecida por el gobierno de Monterrey y en específico por Arellanes Cervantes, consiste en ejercer violencia y presión moral, a fin de adoctrinar desde las cúpulas del gobierno a todos los ciudadanos de la entidad, en favor de una institución religiosa utilizando los recursos públicos para el logro de sus objetivos, se indica en el texto de cuatro cuartillas, recibido en la oficialía de partes de Gobernación.

La víspera, la dependencia federal respondió a una solicitud de información que no le corresponde atender el caso porque una eventual sanción es jurisdicción del Congreso de Nuevo León o de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el consejo liberal indica que la dependencia a cargo de Osorio Chong tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas.

Los firmantes de la carta re- fieren que es función esencial del responsable de la política interna fomentar el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones democráticas, además, que el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias desde la separación jurídica creada por el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, orienta las normas contenidas en el artículo 130 constitucional.

Le piden iniciar una investigación y dar apertura al proceso de juicio político por realizar declaraciones y actividades de carácter religioso en un acto público contrarios al marco jurídico constitucional que rige a las instituciones del país.

Como segundo punto solicitan a Osorio Chong sancionar a la alcaldesa, dar vista a los demás órdenes de gobierno para que se investigue el uso de los recursos y programas públicos que favorecen a instituciones de carácter religioso, y prevenir a todas las instituciones de abstenerse de realizar conductas que violenten el Estado laico y vayan en contra de la Constitución”.

La presidenta municipal declaró que había emitido las expresiones y acudido al acto religioso a título personal; no obstante, Adán Antonio Pérez Cortés, presidente de este grupo que se autocalifica paramasónico advierte que un funcionario público o representante popular deja de ser un ciudadano común.

Vivimos en un país laico y las autoridades no deben intervenir en actos religiosos, y esta señora está haciendo todo lo contrario, dijo Pérez Cortés en entrevista.