Estados Unidos

Indocumentadas, víctimas de abuso sexual

FOTO: Joseph Sorrentino

Joseph Sorrentino

Carina Martínez se sienta en un sofá desgastado en su pequeño apartamento en un pueblito en la zona rural de Nueva York. Originaria de Morelos, México, entró de manera ilegal a Estados Unidos (EU) hace ocho años y ha trabajado en las granjas de la región desde entonces. Su marido ya estaba en este país, por lo que ella sabía el duro trabajo que debería enfrentar. Pero desconocía algo a lo que toda mujer indocumentada se enfrenta. “Las mujeres van a buscar trabajo y la primera persona que ven es un contratista que les advierte: ‘Primero tienes que dormir conmigo’”, dijo. Ella se salvó de estas proposiciones, probablemente porque estaba casada. “Esto sucede mucho. Conozco mujeres a las que les pidieron acostarse a cambio de un trabajo. No sé si en realidad cumplieron el trato, pues se sienten demasiado avergonzadas para decirlo. Ellas obtuvieron el trabajo”.

Estudios recientes del Southern Poverty Law Center y de Human Rights Watch han demostrado que el acoso y abuso sexual son generalizados entre las trabajadoras del campo. La mayoría de las entrevistadas habían experimentado o sabían de ese tipo de situaciones ocurridas en su lugar de trabajo. La incidencia estimada en algunas zonas es de hasta 80 por ciento. De hecho, en las granjas en Florida y California el abuso sexual es tan común que las mujeres denominan a los campos en que trabajan “El hotel verde” y “El campo de las bragas”.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos estima que poco más de 20 por ciento de los trabajadores agrícolas son mujeres, sobre todo de México y la mayoría indocumentadas. Los defensores de los migrantes y los agricultores señalan que cada vez más mujeres trabajan en las granjas y explican la razón:

Los hombres mexicanos están abandonando, literalmente, a sus pueblos a medida que empeora la pobreza en el país. Hasta hace pocos años, ellos trabajaban en EU durante periodos cortos -unos meses o quizás un año o dos-, regresaban a México por un tiempo y luego volvían a entrar a EU. Con el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, los hombres ahora se quedan más tiempo o de plano no regresan a México porque temen no poder regresar. Las mujeres, cansadas de esperar a que los hombres vuelvan, están cruzando la frontera para trabajar junto a ellos. El aumento del acoso y abuso sexual puede deberse a que hay más mujeres que trabajan en las fincas, un lugar tradicionalmente dominado por los hombres.

Cheryl Gee es una abogada de Nueva York que ha trabajado durante 12 años con jornaleras agrícolas, muchas víctimas de acoso o abuso sexual. En una ocasión fue contactada por una trabajadora de una granja lechera, quien le habló del acoso que había experimentado. Le dijo que el abusador intentó besarla y trató de que se quitara la blusa. La mujer se quejó con su supervisora, también una mujer, quien le respondió que ella había sido tratada de la misma manera. Añadió que, debido a que trabajaba con los hombres, debía esperar recibir un trato así. “Hemos analizado este problema y es preocupante porque muchas de ellas perciben la agresión como parte de su trabajo”, dijo Gee. “Parte de venir aquí y hacer este trabajo es ser violadas o acosadas sexualmente”.

Las mujeres rara vez denuncian el acoso y el abuso a los empleadores porque temen ser despedidas. Y puesto que la mayoría no sólo están apoyando a su familia aquí, sino a su familia extendida en México, deciden sufrir en silencio.

Silvia Rodríguez cruzó la frontera de manera ilegal para entrar a EU en 2007. Poco después de llegar al norte de Nueva York, comenzó a trabajar en un campo de cebollas. No pasó mucho tiempo cuando un compañero de labor comenzó a acosarla. Sorprendentemente, ella toleró el abuso durante tres años. “Nunca he dicho nada al jefe porque tenía miedo de que nos despidiera”. Perder su empleo sería un desastre, ya que ella sostiene a sus tres niños y a sus padres en México. Entonces, un día, otro compañero de trabajo le dio un puñetazo. “Me golpeó cuando salía del trabajo, me jaló el cabello y me tiró al suelo”, dijo. Finalmente, un amigo la convenció de que tenía que hacer algo. Habían oído acerca de la organización de Gee y Rodríguez entró en contacto con ella. Gee organizó una reunión entre el propietario de la granja y Rodríguez, y para su sorpresa y alivio, el dueño despidió al agresor y la mantuvo a ella en su trabajo. Según Gee y otros abogados, las mujeres son más exitosas en sus denuncias cuando tienen un defensor apoyándolas. La trabajadora de la granja de lácteos no tiene uno. Pero le pidió a un familiar hablar con el empleador. Como reacción, éste le redujo las horas de trabajo y luego la despidió. Una respuesta como esa rápidamente se difunde en toda la comunidad de trabajadores agrícolas e inhibe que otras mujeres denuncien, lo que permite que el acoso y los abusos continúen.

Una de las principales razones de que el acoso y el abuso sean una práctica tan común, es que ningún trabajador del campo -documentado o no- está dispuesto a llamar a la policía para presentar una queja ya que, al menos en el norte de Nueva York, una llamada trae invariablemente a la Patrulla Fronteriza ( BP) o a Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La mayoría de los departamentos de aplicación de la ley, especialmente en las zonas rurales, carecen de personal que hable español. Una vez en la escena, la BP e ICE piden los documentos de la persona. Si está ilegalmente en EU, probablemente esa persona será detenida y deportada.

La situación con la aplicación de la ley es complicada porque no hay coherencia entre los departamentos del alguacil, o incluso dentro de un mismo departamento, sobre qué hacer cuando se trata de alguien que sólo habla español. “Esto lo resuelve a discreción el ayudante (del alguacil)”, dijo el alguacil Scott Hess, del condado de Orleans. En el condado de Genesee, el sheriff Gary Maha no depende de BP ni de ICE para la traducción, pero no cree que ello sería un problema para los trabajadores indocumentados. “ICE y la Patrulla Fronteriza están más preocupados por la deportación de criminales que por deportar a una víctima de un crimen”, dijo. Los defensores de los migrantes discrepan con esa idea.

Lew Papenfuse es un abogado que ha manejado muchos casos de trabajadores indocumentados. “Depende de la gravedad del delito”, dijo, “Si es una cosa menor, entonces van a proseguir (a realizar la deportación). Ellos (BP e ICE) están más preocupados por el estatus (de inmigración) de una persona que es víctima de un crimen”. Incluso cuando se trata de un delito grave, como la violación o la violencia doméstica, los abogados son cautelosos respecto de establecer contacto con la policía. Theresa Asmus es la supervisora de área del Servicio de Crisis por Violación de Planned Parenthood, de Rochester. Ella dijo que por lo general tiene una buena relación con los alguaciles, pero es cautelosa. “Si yo estuviera trabajando con alguien cuyo estatus de inmigración fuera incierto, me gustaría dejarle claro que habría algunos riesgos (involucrados en la aplicación de la ley)”, dijo. “Yo no podría prometerles que no se les preguntará acerca de su estatus o que no tienen que hablar con un agente de ICE”. Esto podría propiciar que sean detenidos.

Las mujeres que enfrentan acoso o abuso sexual pueden solicitar una Visa U que da a las víctimas de ciertos crímenes estatus legal temporal por cuatro años. Para calificar, una mujer tiene que cooperar con la policía para llevar al agresor a la justicia. Si se niega o decide en algún momento retirar la queja, “ella está en riesgo de ser deportada”, dijo Pappenfuse. “Lo más probable es que sea deportada”.

Carina Martínez y algunas de las otras mujeres mencionadas en este artículo han calificado para Visas U y tienen la esperanza de hacer una vida para sí mismas y para sus hijos aquí. Ana es una de las mujeres que aún no ha solicitado este tipo de visa. Al igual que millones de mexicanos, ella soñaba con trabajar durante un tiempo en EU, ahorrar dinero y regresar a México para construir su casa. Pero al igual que muchas otras mujeres, su sueño comenzó a desmoronarse mientras era objeto de acoso grave en el trabajo. Recientemente, algunos amigos de México le dijeron que querían venir a EU. “Les dije que no lo hicieran –dijo. Si eres indocumentado, vienes aquí a sufrir. Estados Unidos no es un lugar bonito. Es como una prisión”.

Este artículo fue realizado en asociación con el Fondo de Investigación del Instituto Nación. Una versión se publicó originalmente en In These Times Magazine.

California, EU

Jornaleros en la horticultura

Ulises Revilla López Posdoctorante en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

Canadá, la Unión Europea, China, Japón y México son los principales importadores de alimentos del campo provenientes de California, uno de los estados con la mayor producción agrícola en Estados Unidos y el mundo. El éxito que ha tenido ese estado en el sector agrícola se debe a tres factores principalmente: producción para la venta y no para la subsistencia familiar, es decir que es una producción netamente capitalista; la investigación que se le dedica a la industria agrícola, y finalmente la reserva de trabajadores agrícolas mexicanos.

El trabajo agrícola por jornal en Estados Unidos es el más precario, flexible y vulnerable; pocas personas que cuentan con ciudadanía o residencia o nacieron en ese país están dispuestas a realizarlo. El sindicato de trabajadores agrícolas (UFW por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, reporta que existen dos millones de trabajadores en el sector agrícola del país; 600 mil de ese total tienen residencia legal o ciudadanía, y de ellos 400 mil laboran en California. El 70 por ciento del total (un millón 400 mil) son indocumentados que no gozan de derechos plenos, y tan sólo tres mil tienen permiso de trabajo con visa H2-A.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos, 20 por ciento de los jornaleros en California son indígenas mexicanos, provenientes en particular de Oaxaca y Guerrero. Son principalmente mixtecos y triquis, que se han apropiado de los nichos de trabajo más precarios tales como la cosecha, poda y el amarre de viñas en Bakersfield, Fresno y Madera; cosecha de la fresa en Oxnard, o el corte de la lechuga, brócoli y espinaca en el Valle de Salinas.

La historia del mercado de trabajo agrícola californiano nos ha enseñado que sus jornaleros siempre han sido trabajadores extranjeros: chinos, japoneses, filipinos, indios y mexicanos. Desde la época del Plan Bracero (1942-1964) los trabajadores mexicanos han liderado en su participación dentro del sector agrícola hasta hoy en día. Después de ese periodo, el trabajo se comenzó a realizar de manera indocumentada, situación que aprovecharon muchos agroempresarios y contratistas para disminuir los salarios y violar derechos laborales bajo amenaza de entregarlos a la patrulla fronteriza si no aceptaban esas condiciones. La Reforma de Inmigración y Acta de Control (IRCA, por sus siglas en inglés) de 1986 permitió que los jornaleros pudieran trabajar legalmente en Estados Unidos; sin embargo un gran número de ellos se trasladaron del campo a los servicios y la industria, esto trajo como consecuencia que una nueva ola de trabajadores indocumentados sustituyeran a los que salieron.

Ante la inminente reforma migratoria en Estados Unidos, miles de jornaleros mexicanos serán los mayores beneficiarios. El sector necesita de esos trabajadores e indudablemente California es el mayor interesado en que los jornaleros puedan trabajar legalmente, sin embargo existe la preocupación de parte de los agroempresarios. Temen que al obtener documentos de residencia, los jornaleros busquen nuevamente trabajo fuera del sector agrícola. Por lo que para mantener a los jornaleros dentro del mercado de trabajo, será necesario mejorar sus condiciones laborales y salarios; de otra manera, se reproducirá la historia del reemplazo étnico, precarizando y vulnerando aún más el trabajo y los derechos laborales. El sistema de visas H2-A ha demostrado su ineficiencia y otro programa de trabajadores temporales no está en la agenda de los políticos.

En 2012 la industria agrícola de California generó 43 mil 500 millones de dólares, siendo los principales productos los lácteos y sus derivados, seguidos por la producción de frutas y hortalizas. En este estado se produce casi 50 por ciento de las frutas y hortalizas que se comercializan en los mercados de Estados Unidos. Los jornaleros juegan un papel muy importante para que estas cifras se incrementen año tras año. Sin ellos indudablemente California no tendría la capacidad de producir los alimentos necesarios para mantener su soberanía alimentaria.

Michoacán Piscando zarzamora el valle de Los Reyes FOTO: Joseph Sorrentino Guillermo Paleta Pérez UAER-UNAM [email protected] En el país existen aproximadamente tres millones cien mil jornaleros agrícolas, con más de 120 mil en Michoacán, de acuerdo con estimaciones con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Algunas de las regiones michoacanas donde se concentra el mayor número de jornaleros son: Huetamo, Apatzingán, Zamora, Jacona, Yurécuaro, Taretan y Los Reyes. Estos trabajadores se ubican en producciones de caña de azúcar, jitomate, hortalizas, fresa y zarzamora. En general, las condiciones en que laboran son más o menos similares en las diferentes regiones de Michoacán. El perfil de estos trabajadores es el de ser migrantes que tienen la necesidad de desplazarse de su lugar de origen por no tener empleo y por carecer de servicios educativos y de salud. Las localidades expulsoras de trabajadores poseen índices altos de pobreza y marginación. Un buen porcentaje son analfabetas y de orígenes rurales e indígenas. Casi la mitad de los jornaleros que laboran en los 40 municipios con mayor presencia de estos trabajadores son niños, es decir casi 60 mil menores. En el valle de Los Reyes se emplean entre 15 y 20 mil jornaleros agrícolas en temporada de cosecha en las casi cuatro mil hectáreas cultivadas de zarzamora. El municipio se posiciona hoy día como uno de los mayores productores de la frutilla en el mundo. Los jornaleros provienen principalmente de Zicuicho, Pamatácuaro, San Benito, San Luis, San Antonio y Tapan, comunidades que forman parte de la zona serrana indígena y donde en su mayoría son p’urhépechas. También llegan jornaleros provenientes de Tarecuato, comunidad indígena que pertenece al municipio de Tangamandapio y del municipio de Charapan. El tiempo que invierten para trasladarse de sus comunidades de origen a los campos agrícolas es de una a dos horas, pues se recorre una distancia de entre 30 y 40 kilómetros de carretera, aproximadamente. También hay jornaleros contratados por las huertas productoras de zarzamora que tienen orígenes geográficos diversos, algunos de ellos son de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Ellos forman parte de las cuadrillas empleadas por el ingenio azucarero Santa Clara, en el municipio vecino de Tocumbo, para la temporada de zafra. El valle de Los Reyes se ha configurado como un punto de interacción cultural, es decir, que el espacio laboral de la zarzamora ha posibilitado la interacción de población indígena local, regional y nacional. El sistema productivo de la zarzamora ha otorgado la pauta para la configuración de nuevos espacios territoriales en el valle de Los Reyes, así como la emergencia de nuevos ámbitos de socialización. Me refiero particularmente a las relaciones interétnicas entre los habitantes de Los Reyes y los avecindados provenientes de otras entidades federativas que han llegado a vivir al valle al emplearse en el trabajo de la zarzamora. En las expresiones locales de habitantes nativos de Los Reyes es común escuchar referencias de nuevos lugares peligrosos en el municipio. En especial se hace alusión a la colonia La Higuerita que es un asentamiento en donde vive la mayoría de estos jornaleros avecindados. El municipio de Los Reyes, Michoacán, es un ejemplo claro de una región que experimenta procesos de transformación territorial acelerados, de reconversión productiva, de transformación del paisaje, de una mayor explotación de los trabajadores agrícolas ligados a la emergencia del cultivo de zarzamora. El valle de Los Reyes debe enmarcarse en complejas relaciones globales (agro e industria) y relaciones locales (región y territorio) para entender la dinámica y conformación del mercado laboral flexibilizado en un entorno multicultural.

Sinaloa

Trabajo precario en la agricultura empresarial

Celso Ortiz Marín Estancia posdoctoral en el posgrado de Ciencias en Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma Chapingo [email protected]

Sinaloa es un estado que tiene condiciones naturales propicias para la agricultura. Lo atraviesan 11 ríos y cuenta con clima, altitud y humedad adecuados, así como con extensos valles que hacen de la entidad un lugar privilegiado para el desarrollo de esta actividad; reúne condiciones privilegiadas con respecto a otros estados de la República, cuenta, con la mayor superficie agrícola bajo riego en el país, gracias a la existencia de una infraestructura hidráulica sin paralelo en el plano nacional. De un millón 469 mil 443 hectáreas abiertas al cultivo (73.6 por ciento ejidales y 26.4 privadas) el 54.7 por ciento son de riego y el resto de temporal.

La entidad es un mosaico de cultivos. En sus campos encontramos caña de azúcar, soya, maíz, garbanzo, sorgo, trigo, cártamo, cacahuate, ajonjolí, algodón, fríjol, arroz, alfalfa, cebolla y frutales. Así como una gran variedad de hortalizas cultivadas por empresas, aquellas que se mantienen en el mercado y se transforman en entidades globales e integrados a complejos consorcios, donde usan variedades de hortalizas patentadas por las grandes trasnacionales, cuyo mercado demanda alta competitividad, ya que son productos de lujo para una población de altos ingresos. En Sinaloa se cultivan pimientos rojos, verdes, amarillos, morados y cafés; tomates; pepinos; berenjenas de diferentes variedades y tamaños; calabacitas, chile bell, etcétera.

La producción de hortalizas se realiza en los distritos de riego de los valles agrícolas del estado. En la temporada 2009-2010, se cultivó una superficie de 55 mil 105 mil hectáreas (el número de hectáreas cultivadas en invernadero y casa sombra para esa temporada fue de tres mil 389) y la exportación de hortalizas ascendió a 972 mil toneladas, lo que generó una derrama económica de mil 186 millones de dólares. Los principales cultivos de hortalizas han sido el tomate, pepino, chile bell, berenjena y calabacita. Durante la temporada otoño-invierno 2009- 2010 se destinaron 12 mil 760 hectáreas para el cultivo de tomate, dos mil 996 para el pepino y 15 mil 805 para el chile bell; la berenjena ocupó mil 55 hectáreas y la calabacita cuatro mil 465. Todos ellos bajo el sistema de riego.

El desarrollo de agricultura moderna empresarial, orientada a la exportación, ha generado una concentración de la demanda de la fuerza de trabajo proveniente de distintos estados del país. Los principales grupos indígenas que encontramos son: mixteco, zapoteco, triqui, tlapaneco, amuzgo y náhuatl. La mayor parte de los trabajadores agrícolas son monolingües y su educación formal es de primaria incompleta. A pesar de que aportan enormes ganancias a sus empleadores, los migrantes indígenas se ven excluidos en términos económicos, sociales y laborales.

Un estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan (2011), señala que en los campos agrícolas de Sinaloa: a) no hay contratos laborales formales; b) las viviendas y sus servicios se encuentran en malas condiciones, incluso algunas no tienen energía eléctrica, agua potable, regaderas, sanitarios y/o lavaderos; c) los empresarios no garantizan a los jornaleros el transporte de regreso a su lugar de origen; d) hay suspensión de labores o pago incompleto de su salario por ausentarse del campo, incluso por cuestiones de salud; e) el servicio médico de las clínicas de los campos agrícolas es deficiente e irregular, ya que el horario de atención es incompatible con la jornada de trabajo; f) los productos de la canasta básica se venden a altos precios en las tiendas de los campos agrícolas, y g) Sinaloa es el estado en donde se reporta el mayor número de fallecimiento de jornaleros y jornaleras agrícolas por cuestiones de salud, falta de atención médica oportuna, negligencia médica, accidentes por riesgo de trabajo u otras circunstancias. Proteger los derechos humanos de la población jornalera es el mayor reto para los gobiernos, así lo estipuló en 2011 Olivier de Schutter, relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas en su visita a México.

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