La Secretaría de Gobernación (SG) aseveró que no tiene competencia para atender –y en su caso procesar– el asunto de la alcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes, quien en un acto religioso ‘‘entregó’’ la capital neoleonesa a Jesucristo. La dependencia indicó que corresponde a los congresos local y federal atender el hecho.

En tanto, este caso dividió al PAN. Mientras algunos dirigentes y legisladores defendieron la actuación de Arellanes y consideraron que sólo estaba haciendo uso de su libertad de credo, otros la criticaron debido a que las expresiones de fe que tuvo en un acto público debieron ser reservadas al ámbito privado.

En respuesta a una solicitud de información, Gobernación señaló que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público la faculta para verificar el cumplimiento de esta norma de iglesias y ministros de culto, y de funcionarios públicos.

En todo caso, dijo la SG, el análisis respectivo lo debe hacer el Congreso del estado e incluso la Cámara de Diputados, en el contexto de un juicio político.

A su vez, Fernando Rodríguez Doval, integrante del Consejo Nacional del PAN y diputado federal, rechazó que la alcaldesa haya lesionado la laicidad del Estado y consideró que sólo actuó en uso de la libertad de culto que priva en el país.

‘‘En democracias avanzadas como la de Estados Unidos –señaló–, los políticos juran sobre la Biblia y nadie se escandaliza por ello. Además es preferible entregar la ciudad a Jesucristo, que a la delincuencia’’, subrayó.

Carlos Pérez Cuevas, coordinador nacional de los diputados locales del PAN, manifestó que en las criticas se observa un ‘‘jacobinismo extremo’’ mezclado con intereses políticos. En el fondo lo que se busca es tender una cortina de humo y desviar la atención sobre los problemas del estado y que el gobernador no ha sabido enfrentar, como la delincuencia y la deuda pública.

En contrapartida, el diputado panista Homero Niño de Rivera criticó a la edil y expuso que en su partido los principios de doctrina establecen con claridad una separación entre Estado y religión. Son dos ámbitos que no deben confundirse, dijo.