La empresa Bioparques del Occidente, con sede en Culiacán, Sinaloa, cuenta con inversiones en los municipios de Culiacán y Navolato, y tiene una trayectoria de quejas por las viviendas en las que aloja a sus jornaleros agrícolas y por los deficientes servicios médicos que ofrece, aseguraron fuentes cercanas a la Asociación de Agricultores del Río Culiacán y a la Secretaría de Salud de dicha entidad.

La empresa, que tiene una planta tomatera en el municipio de San Gabriel, al sur de Jalisco, de donde 275 trabajadores agrícolas fueron liberados el lunes por autoridades federales y estatales, debido a las precarias condiciones laborales y de hacinamiento en que vivían –en un operativo durante el cual se detuvo a cinco capataces del lugar–, se ha distinguido por no dar los mejores servicios de vivienda a los jornaleros, y también por tener malos y deficientes servicios de salud, señaló un directivo de la asociación de agricultores.

Bioparques del Occidente es propiedad de Eduardo de la Vega Echeverría, también dueño del ingenio azucarero La Primavera –ubicado en Navolato–, que está al borde de la quiebra y podría cerrar en los próximos meses, de acuerdo con versiones extraoficiales.

Bioparques del Occidente fue fundada en febrero de 2002 y se dedica a la producción y comercialización agrícola. Ahora, la empresa es investigada por los delitos de trata de personas y privación ilegal de la libertad en perjuicio de 42 familias integradas por 191 hombres, 45 mujeres y 39 menores, de los cuales 24 tienen algún grado de desnutrición.

De la Vega Echeverría encabeza un fuerte grupo de poder cercano a las autoridades sinaloenses. Fue protegido y privilegiado por los gobiernos de Juan Millán Lizárraga y Jesús Aguilar Padilla, y a la sombra de las autoridades estatales adquirió y fortaleció inversiones en la agroindustria y la siembra de hortalizas.

En el municipio de Navolato tiene plantaciones de tomate y a pesar de tener décadas en la actividad, no pertenece a la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

En puerta, proceso administrativo

La Secretaría del Trabajo de Jalisco informó que inició un proceso administrativo contra Bioparques de Occidente. El titular de la dependencia, Eduardo Almaguer, afirmó que la empresa no fue clausurada debido a que emplea a unos 2 mil trabajadores, pero serán revisados sus pagos patronales al Seguro Social para conocer si está al corriente.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, indicó que Almaguer revisará, con el apoyo de elementos de la Fiscalía General del Estado, que no haya personas humildes trabajando en condiciones infrahumanas, insalubres.

A su vez, el Congreso de Guanajuato exigió a las secretarías de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social federales que intervengan enérgicamente para proteger a los casi 2 mil 500 jornaleros mixtecos y a sus hijos que son explotados y esclavizados en campos agrícolas de la entidad, como detectó el Centro Indígena Loyola y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.