La Presidencia de la República publicó ayer el decreto que establece la obligación del Estado a impartir desde la educación prescolar hasta el nivel medio superior, para lo cual se reformaron varios artículos de la Ley General de Educación (LGE).

El texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que a las autoridades federales corresponderá coordinar un sistema de bachillerato nacional que establezca un marco curricular común –mismo que fue puesto en marcha desde la administración de Felipe Calderón– respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa.

Toca a los estados participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que cuente con dicho marco.

El bachillerato –cuya obligatoriedad fue una iniciativa del sexenio pasado– se organizará bajo el principio de respeto a la diversidad, a través del marco curricular común y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este nivel educativo.

Para ello, se reformaron los artículos tercero, cuarto, noveno, 37, 55 y 65 de la LGE y se adicionaron los artículos 12 y 13 de la citada norma.

Por otro lado, se establecen los derechos y obligaciones de padres o tutores. Entre los primeros está obtener una inscripción en escuelas públicas para que los escolares que satisfagan los requisitos reciban la educación obligatoria hasta el nivel medio superior.

Y entre las obligaciones de los padres se encuentran hacer que los niños y adolescentes reciban educación desde el nivel prescolar hasta el bachillerato.

El decreto señala que el Estado promoverá y atenderá directamente mediante sus organismos descentralizados, mediante apoyos financieros o por cualquier otro medio, todos los tipos y modalidades educativas, incluida la educación inicial, especial y superior.

Desde el gobierno anterior en que se anunció la propuesta de hacer obligatorio el bachillerato, expertos en la materia consideraron que la medida era absurda si antes no se garantizaba la permanencia en la escuela y se cumplía con este carácter a nivel de la secundaria.

Así, expusieron que el proyecto parecía más bien un paliativo para que no haya jóvenes que no estudian ni trabajan –ninis– luego de las críticas que se generaron a partir de informes como el que dio la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de que en México hay más de 7 millones de jóvenes en esa condición.

En este sentido, destacaron que en México todavía no se cubre 100 por ciento de la matrícula en secundaria, no se resuelve el problema de la deserción en este nivel y en el medio superior ni tampoco existe un análisis serio de las causas del abandono en el bachillerato.