La Procuraduría General de la República (PGR) deberá revelar los nombres y cargos de los servidores públicos involucrados en las averiguaciones previas de los casos en que haya sentencias condenatorias que hubieran causado estado, seguidas en contra de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo –considerado uno de los líderes del cártel del Milenio– instruyó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

A su vez, el órgano colegiado determinó procedente clasificar los nombres de los funcionarios públicos que hayan recibido sentencia absolutoria en el proceso penal federal que se les hubiere iniciado, derivado de su presunta colusión con la organización criminal de los Beltrán Leyva.

En su respuesta inicial, la PGR sugirió a la solicitante acudir ante el agente del Ministerio Público, ya que dichos datos son confidenciales y están reservados por un periodo de 12 años. Sin embargo, la peticionaria impugnó la negativa de acceso al considerar que la información relacionada con un servidor público es de interés general y puede resultar relevante para la evaluación de su desempeño.

En el análisis del caso, el Ifai consideró que la PGR cuenta con otras unidades administrativas que podrían conocer de la información relacionada con averiguaciones previas y procesos federales, como la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y la subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

Además, el instituto localizó un boletín de prensa de la PGR en el que se señala que el capo tenía a su cargo las operaciones de transporte de droga, lavado de dinero y cooptación de funcionarios públicos para su organización en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit. En consecuencia, las delegaciones de dichas entidades serían competentes para conocer de los requerimientos de la recurrente.