o es el reciente fenómeno meteorológico, Bárbara, el responsable. Esta nublazón es el arrastre de años –décadas– de ineptitud, corrupción y negligencia sin límite, sin logros ni menores y consecuencialmente casi sin esperanza. En 25 años, desde Salinas a la fecha, 12 procuradores han pasado por la PGR. Los más sin nivel, otros sin convicción ni compromiso y otros con prisas. La falta de proyecto y los cortísimos plazos fueron sus peores adversarios. Hubo uno de cinco meses. Esto es una revelación del desinterés de los presidentes.
Hoy la definición de Enrique Peña sobre la materia, en lugar de alentar cayó en el total desinterés. Es el producto de haber pronunciado 200 discursos en seis meses. Como cosa antes poco vista, véase que la nota presidencial de su acto del 30 de mayo, referido a la procuración de justicia, se publicó en la página 9 de un periódico nacional de obligada referencia. No se le dio ninguna primera página.
Ese día dijo: Es indispensable contar con un estado de derecho sólido y eficaz donde la ley se cumpla sin excepciones, sin preferencias y sin demoras. Esto demanda una restructuración a fondo en todas las procuradurías. Debemos alentar la especialización, tener investigadores con renovadas capacidades científicas y técnicas, contar con servidores públicos más comprometidos con su responsabilidad social
.
Sus discursos ya no penetran, es muy lamentable reconocer su intrascendencia. Retóricamente pueden ser impecables pero sencillamente no transmiten nada, no se identifican con la realidad. En una procuraduría la verdad es que hay poco que restructurar, ateniéndose al significado estricto de la palabra. Sus funciones están sumamente delimitadas por la ley: Integrar y consignar averiguaciones, representar a la sociedad en los juicios y atender problemas conexos, como son amparos, derechos humanos, atención a agrupaciones, etcétera. Concentren o separen esas responsabilidades como quieran.
Esa predeterminación de funciones irremediablemente conduce a estructuras semejantes, llámeseles como se quiera. Se brinca de llamar al Ministerio Público como fiscal, o ministerial a la policía judicial, o los eufemismos de policía científica, o de investigación
. Nos satisfacemos con llamar fiscalía a una subprocuraduría y otros juegos inútiles que son simples transas idiomáticas. Han sido sólo artimañas que hemos visto cada día más. La verdad sigue siendo la misma, llámenseles como se les llamen a sus componentes: el quid está en que en una inmensa mayoría, el hombre, su ineptitud, corrupción y negligencia es el eje de toda disfunción.
El fondo de las cosas, y aquí topan los señores procuradores con el verdadero hueso del problema, son los recursos humanos. De ser probos y eficientes funcionarían con cualquier estructura. No lo son. Los ministerios públicos, peritos y policías, personajes estos clave con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y hasta el personal administrativo, que vende copias o substrae pruebas y expedientes; simplemente no funcionan ni funcionarán con una simple restructuración, sea ésta la que sea y se usen en ella las licencias lingüísticas que se quieran para dotar de nuevos nombres a las mismas personas y prácticas burocráticas.
Y se vuelve al problema obsesivo: la recomendación presidencial de contar con servidores públicos con responsabilidad social
está destinada al olvido. ¿De dónde saldrían los nuevos ministerios públicos o fiscales, peritos o expertos, policías judiciales o ministeriales para dotar a las procuradurías o fiscalías, o como les quieran llamar, si no existen instituciones educativas suficientes para su formación?
¿Y los policías del nombre que se quiera son lo más grave? Los institutos estatales en general son técnicamente débiles, no tienen estructura ni atención política; son un simple subterfugio; muchos son claramente una simulación. Véase así que no puede haber respuesta a la convocatoria presidencial.
Cualquier reflexión o discusión se vuelve un ritornelo aburridor. No hay para qué hablar de profundas, sesudas, impactantes reingenierías
, como también es costumbre decir. Ninguna de ellas será eficaz si no se sabe resolver el tema de la ineptitud, corrupción y negligencia. Es de tales magnitudes el problema que bien haríamos, colectivamente, como sociedad, en acompañar a los señores procuradores en esta preocupación. ¿Cómo cambiar a las instituciones sin cambiar a sus hombres?
