Nueva York, 10 de junio.

Entre amenazas de la Casa Blanca y de legisladores para proceder penalmente contra quien se atrevió filtrar secretos que revelaron un sistema de vigilancia estadunidense más vasto de lo que se sospechaba, y llamados de defensores de los derechos a la privacidad y la libre expresión para abrir una investigación al gobierno por posible abuso de poder, Washington despertó frente a un creciente debate nacional sobre los derechos constitucionales fundamentales, la transparencia gubernamental y si este gobierno tiene el derecho de espiar a todos los ciudadanos no sólo de este país, sino del mundo, en nombre de la seguridad nacional.

El gobierno de Barack Obama ya formula un caso criminal contra Edward Snowden, quien el domingo reveló su identidad como la fuente de las filtraciones publicadas por The Guardian y el Washington Post sobre vastos programas de espionaje por la ultrasecreta Agencia de Seguridad Nacional (NSA), desde registros de llamadas telefónicas hasta el contenido de comunicaciones cibernéticas de millones de personas.

Snowden, cuyo último paradero conocido fue Hong Kong, es hoy, tal vez, el hombre más buscado del planeta por el gobierno más poderoso del mundo.

Herramientas funcionales

La Casa Blanca anunció que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación contra Snowden, y ahora, dijo el vocero Jay Carney, no podré hablar sobre este individuo o la investigación.

A la vez, Obama y promotores de estas medidas en el Congreso mantuvieron su postura de que estos programas son herramientas que ya han servido para frenar complots terroristas contra este país.

En el Congreso los presidentes de los comités de inteligencia de las dos cámaras, el representante republicano Mike Rogers, y la senadora demócrata Dianne Feinstein, entre otros, manifestaron que Snowden debería ser procesado penalmente.

Pero el enfoque sobre el mensajero no ha logrado, por ahora, opacar el peso del mensaje, ya que crecen las demandas por una investigación más amplia sobre todo este masivo aparato secreto.

Daniel Ellsberg, el ex analista militar que filtró los célebres Papeles del Pentágono durante la guerra de Vietnam, y quien fue perseguido por el gobierno de Richard Nixon, calificó la filtración de Snowden como la más significativa en la historia de Estados Unidos, en un artículo que escribió para The Guardian. Afirmó que el acto de divulgación de Snowden “nos da una oportunidad para revertir lo que es equivalente a un ‘golpe de Estado Ejecutivo’ contra la Constitución de Estados Unidos”.

Algunos legisladores y políticos (inusual alianza entre ultraconservadores y liberales) insisten en que el gobierno sea más transparente sobre estas actividades y están solicitando investigaciones no sobre Snowden, sino sobre el Poder Ejecutivo. Algunos, como el ex candidato presidencial Ron Paul, afirmaron que los programas secretos violan la Constitución.

También aparecieron reacciones cómicas en las redes sociales, como una imagen del logo de la Agencia de Seguridad Nacional y el letrero: La NSA. La única parte del gobierno que verdaderamente nos escucha.

El gobierno de Barack Obama ya aceptó que enfrenta un coro cada vez más fuerte, y como medida preventiva ya ha expresado que da la bienvenida a este debate sobre el equilibrio entre libertades civiles individuales y la seguridad nacional, algo que fue reiterado por su vocero Carney, quien aseguró que el presidente cree que estamos logrando un equilibro apropiado.

La credibilidad del gobierno, tanto de la Casa Blanca como de los legisladores que defienden el programa, es parte del debate.

Muchos recuerdan cuando el senador demócrata Ron Wyden le preguntó al director de Inteligencia Nacional James Clapper ante una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en marzo de este año: ¿La NSA recauda cualquier tipo de datos sobre millones o cientos de millones de estadunidenses? La respuesta de Clapper fue: no, señor, y sólo de manera inadvertida en algunos casos.

Ayer, a la senadora Feinstein le preguntaron en un programa de ABC News qué opinaba de ese intercambio hoy, cuando las revelaciones indican que eso está en duda, y ella respondió que Clapper es un hombre honesto y que tal vez la pregunta, o su respuesta, fue malentendida. El propio Clapper, entrevistado en un programa de NBC News sobre el mismo intercambio, intentó explicar ayer que era un asunto complejo, respondí de la manera que consideré más verídica, o la menos no verídica, al decir que no.

Por otro parte, crecen los llamados de diversas organizaciones de defensa de las libertades civiles a una evaluación pública de estas políticas. Index on Censorship, agrupación internacional de defensa de la libertad de expresión, condenó los programas secretos: “la vigilancia masiva… mina el derecho de la libre expresión y el derecho a la privacidad”, dijo, y agregó que la seguridad nacional no debería ser utilizada por gobiernos para justificar la vigilancia masiva de sus ciudadanos, y aseguró que esta violación estadunidense es parecida a las que se denuncian en países como China e Irán.

Por su parte, el Electronic Frontier Foundation, agrupación de defensa de derechos de Internet, abogó por una nueva investigación sobre posibles abusos del gobierno contra el derecho a la privacidad.

Glenn Greenwald, el columnista de The Guardian que primero reveló, con algunos colegas, las filtraciones, y después entrevistó a Snowden cuando éste pidió que su identidad fuera hecha pública, comentó a ABC News que cada vez que se reporta algo que el gobierno oculta, la gente en el poder siempre hace exactamente lo mismo: atacan al mensajero, en este caso, a los medios, e intentan desacreditar la nota, y señaló que este ha sido el caso durante décadas, desde la filtración de los Papeles del Pentágono hace más de 40 años. “Los políticos dicen que estamos poniendo en peligro la seguridad nacional. Lo único que estamos poniendo en peligro es la reputación de la gente en el poder que está construyendo este masivo aparato de espionaje… lo único que se está dañando es la credibilidad de los políticos por la manera como ejercen el poder, a oscuras”.

Greenwald dijo que estaría más que dispuesto a hablar con las autoridades sobre este caso: les diré que existe esta cosa llamada Constitución, y su primera enmienda garantiza la libre expresión. Como ciudadano estadunidense tengo todo el derecho, y hasta la obligación como periodista, de informar a mis conciudadanos y a nuestros lectores lo que está haciendo el gobierno, lo que no quieren que sepan los estadunidenses. Añadió que el intento de intimidar a periodistas y a sus fuentes con constantes amenazas de investigaciones no va a funcionar.

Pero en el fondo, esto promete ser un debate sobre la Constitución y los derechos fundamentales de todos, enfocado en las políticas de un ex profesor de ley constitucional llamado Barack Obama.