La legalización de algunas drogas, en particular la mariguana, no representa per se la solución al azote del crimen organizado; es, en todo caso, un paso para mejorar las condiciones de salud, impulsar los derechos humanos y quitarle presión al sistema carcelario (donde la mayoría de los internos están recluidos por portar alguna cantidad de sustancias), aseveró el académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Luis Astorga.

En entrevista con La Jornada, el experto en temas de narcotráfico, sostuvo que México se está quedando aislado del grupo de países en Latinoamérica que han realizado esfuerzos por flexibilizar sus políticas y leyes antidrogas.

Entre los grupos políticos en México existe un gran conservadurismo en torno a este tema, comenzando desde el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, por lo que corresponde a organizaciones civiles y a la sociedad en su conjunto, aportar elementos para que algunos legisladores retomen la iniciativa y se abra un debate al respecto.

El investigador universitario remarcó que los presidentes de Colombia, Manuel Santos; de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de Uruguay, José Mujica, han manifestado –junto al Legislativo, que estudia una norma– posiciones encaminadas a la despenalización de la mariguana. A lo que debe sumarse que en noviembre pasado en Washington y Colorado, Estados Unidos, se regularizó el uso de esa sustancia para fines recreativos, además que en 18 estados de ese país se permite la cannabis para uso médico.

La propia Organización de Estados Americanos, en un reciente informe sobre política de drogas, planteó a sus integrantes debatir la posibilidad de despenalizar el consumo de algunas drogas, en particular la mariguana, al considerarla como la base de cualquier estrategia de salud pública.

Astorga recordó que el sexenio pasado se realizaron modificaciones en la Ley General de Salud, las cuales permiten portar ciertas cantidades (gramaje) de algunas sustancias sin que sea motivo para ser arrestado. En el caso de la mariguana la ley permite llevar consigo hasta 5 gramos.

Consideró que aquellos que se oponen a la legalización de esa droga están equivocados al creer que ese planteamiento tiene como meta el combate al narcotráfico. Nadie lo está planteando como una solución al crimen organizado, sino como una medida de salud, de derechos humanos, de quitarle presión al sistema carcelario, para mejorar las condiciones de vida de la población adicta o con problemas que no necesariamente sean de adicciones. Pero seguirían pendientes los problemas de criminalidad organizada, pues esos dependen de la fortaleza de las instituciones del Estado.

Para resolver ese problema, insistió en la necesidad de impulsar un pacto entre todas las fuerzas políticas. Todos los partidos tienen posiciones políticas en zonas donde hay grupos fuertes del crimen organizado, por tanto tienen responsabilidad y también son susceptibles de ser corrompidos por esos grupos criminales, en algunos casos lo son. No puede haber un diseño de política de seguridad de Estado sin analizar cómo es la configuración política nacional, los partidos que gobiernan en distintas partes del país forman parte del Estado.