La Cámara de Diputados mantiene un manejo discrecional del gasto: las bancadas sólo comprueban uno por ciento de subvenciones y a nueve meses de que la Junta de Coordinación Política aprobó realizar un arqueo ‘‘de inmediato’’, el comité de administración –que preside el PAN– se ha negado a revisar el presupuesto en San Lázaro, que este año es de 6 mil 529 millones de pesos.

Aunque la mayor parte del presupuesto es revisado, los diputados advierten áreas de opacidad, principalmente en el rubro de subvenciones a los grupos parlamentarios, destinado a la operación interna de las bancadas, que este año dispondrán en ese apartado de 830 millones 388 mil pesos.

Los partidos no están obligados a comprobar el ejercicio de las subvenciones porque, según la Secretaría de Servicios Financieros de la cámara, ‘‘las bancadas no emiten facturas’’. La liberación de los recursos depende, en su mayoría, de la firma de los coordinadores o bien de los encargados de las finanzas del grupo, que también son diputados.

De hecho, cada grupo parlamentario comprueba aproximadamente uno por ciento de las subvenciones, como se revela en un oficio de dicha secretaría de mayo pasado, en respuesta a una solicitud de transparencia.

En 2012, los grupos parlamentarios recibieron por subvenciones 601 millones de pesos y sólo comprobaron 641 mil 256, según el mismo documento.

Según el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política ‘‘dispondrá una subvención mensual para cada grupo parlamentario, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función del número de diputados que los conformen’’.

El mismo artículo en su párrafo dos señala que la cuenta anual de las subvenciones se incorporará a la cuenta pública de la Cámara de Diputados para su fiscalización, pero en febrero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) resaltó que persiste opacidad en el manejo de esos fondos, lo que generó la molestia de los coordinadores de PAN y PRD.

Para este año, la Junta de Coordinación aprobó un millón de pesos mensuales como subvención fija por cada uno de los siete grupos parlamentarios, esto es, 88 millones de pesos.

Además, una subvención mensual variable de 116 mil pesos por cada uno de los 500 diputados, 640 pesos mensuales de apoyos logísticos por cada legislador, así como 7 mil 758 pesos mensuales para cada uno. Esto es, 746 millones 388 mil pesos por esos tres rubros.

Todo lo anterior arroja un total de 830 millones 388 mil pesos de subvenciones para los grupos parlamentarios.

Asimismo, en septiembre de 2012, al inicio de la actual legislatura, el grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano pidió un arqueo –que se autorizó el 5 de ese mismo mes– debido a las irregularidades que se detectaron en el ejercicio del presupuesto en el último año de la 61 Legislatura, cuando la mesa directiva fue presidida por el perredista Guadalupe Acosta Naranjo.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, se refirió a la opacidad existente en el cambio del tablero electrónico de la cámara, que de un costo original de 90 millones de pesos se infló a 140 millones, y que en promedio la colocación de una terminal en cada una de las 500 curules costó 300 mil pesos.

‘‘Habría sido más barato un iPad, que cuesta 6 mil pesos, y nos habríamos ahorrado 294 mil pesos por cada curul’’, dijo el legislador zacatecano.

Monreal dijo que a 9 meses de haber solicitado el arqueo, ‘‘el comité de administración se niega a entregar los reportes’’, incluso a él, que forma parte de ese órgano legislativo dedicado a aprobar el ejercicio del presupuesto en la cámara.

El arqueo se solicitó por el caso del tablero electrónico, por los 13 millones de pesos que costó sustituir la alfombra del salón de plenos, por el gasto en 500 portafolios de ‘‘platipiel’’, a los que se les desprendieron las asas en el mismo momento que fueron entregados a los diputados. También, por el pago de más de 5 millones de pesos a una ‘‘consultora’’ en seguridad, a la que Acosta Naranjo asignó un contrato directo ante el supuesto espionaje de sus oficinas, que nunca fue probado por el PRD.