Dos elementos marcarán la eficiencia del programa nacional de prevención del delito: el seguimiento de indicadores (para determinar dónde y en qué magnitud baja la violencia) y la supervisión externa de la aplicación de recursos a ejercer para este año: poco más de 2 mil 200 millones de pesos, vía Presupuesto de Egresos de la Federación.

Para el primer punto, el Inegi prepara la metodología de medición y, en el segundo, trascendió que se perfila como el auditor externo del programa Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación entre 2002 y 2009.

La Secretaría de la Función Pública deberá emitir un dictamen para elegir, de entre tres candidatos, al contralor externo de uno de los principales programas del gobierno de Peña Nieto.

Apuntalados en este programa se busca atajar los niveles de violencia  en el país, con un índice de 6 mil 247 homicidios dolosos, la mayoría de presuntos delincuentes, durante el primer semestre del actual sexenio, según información oficial.

González de Aragón tiene desde los años ochenta un despacho, González de Aragón y Asociados Contadores Públicos, el cual se publicita con el siguiente mensaje:

Hemos servido a diversos sectores de la industria, como son el sector minero, pesquero, salud, transformación, educativo, tecnología, construcción, extractivo, fiduciario, financiero, comercial, etcétera, destacando los servicios prestados a la Presidencia de la República, Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Secretaría de Desarrollo Social, gobiernos de los estados, Pemex, CFE, Aseguradora Hidalgo, Programa Nacional de Solidaridad, Contaduría Mayor de Hacienda, INEGI y DIF, entre otros.

El programa en cuestión, a cargo de la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, busca atender altas tasas de diversos tipos de violencia y delincuencia; reducción de la actividad turística; bajos salarios; baja participación ciudadana, bajos niveles de arraigo, altos niveles de desconfianza vecinal, y cambios de conducta originados por una alta percepción de inseguridad.

Para ello focalizó sus acciones en 57 demarcaciones: 82 municipios y delegaciones (3.4 por ciento del total de alcaldías del país); 220 polígonos y mil 1069 colonias, donde habitan 3.9 millones de personas, equivalente al 3.47 por ciento de la población nacional.