Noventa familias de la tribu pai pai en Baja California descubrieron que el comisariado de bienes comunales de la comunidad Misión de Santa Catarina negoció a sus espaldas con la empresa estadunidense Asociados Panamericanos LLC el usufructo de 62 mil hectáreas (casi la mitad de la superficie que ocupa el Distrito Federal), a un precio mensual de 90 mil pesos para producir electricidad mediante la técnica eólica.

El enorme terreno, entre los municipios de Ensenada y Tecate –aledaño al paradisiaco San Felipe–, fue cedido por el comisariado a la citada empresa el 20 de mayo de 2011. El contenido de la negociación con los representantes de la empresa fue revisado por el presidente del consejo de vigilancia, Raúl Sandoval Aguilar, quien manifiesta no saber leer, escribir ni firmar, como consta en la escritura 29,477 firmada en la notaría número cinco de Ensenada.

Así se escribe otra historia de despojo al abrigo de la ley. Cada una de las familias propietarias originales de la tierra recibirán un ingreso mensual de mil pesos durante los próximos 30 años.

Recientemente el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, recibió el expediente de la negociación de las tierras de los indígenas pai pai, que demandan la intervención del gobierno federal para evitar que su tierra sea expoliada por otra empresa privada.

El usufructo de las tierras cerriles y de agostadero de la zona pai pai se concretó mediante un acuerdo notariado entre la autoridad del comisariado de bienes comunales, representado por Evaristo Ceseña, Armando González, Eulalia Brown y Raúl Sandoval, y los representantes de Asociados Panamericanos, Benito Reyes y Michael Edward Folloni.

La creación del terreno comunal se remonta al 13 de mayo de 1972, cuando el presidente Luis Echeverría Álvarez publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución por la que tituló y reconoció, en favor de la comunidad de Misión de Santa Catarina, una superficie de 63 mil 43 hectáreas. El documento fue inscrito en el Registro Agrario, acreditando el deslinde definitivo de los terrenos.

De las 63 mil hectáreas, 951 conforman la zona urbana (incluyendo la zona escolar, la parcela militar, una parcela agroindustrial para la mujer y una parcela comunitaria agrícola) y el resto de uso común.

Así, en la negociación se otorgó en usufructo el resto, es decir, las 62 mil 49 hectáreas. Ese proceso se inició en 2007, cuando la asamblea de los comuneros aceptó por vez primera que sus terrenos se arrendaran –mediante un contrato– a la empresa Asociados Panamericanos para producir energía eléctrica.

Entre los objetivos sociales de la empresa, de manera enunciativa y no limitativa, se encuentran promover, generar, adquirir estructurar, construir, instalar y desarrollar proyectos de energías sustentables en territorio nacional, gestionar permisos y realizar investigaciones en zonas de aprovechamiento de energía eólica y solar, así como su comercialización dentro y fuera de la República Mexicana.

Cada familia propietaria de la tierra cedida recibirá mil pesos mensualesFoto La Jornada

Acompañando a esas actividades, también el 19 de mayo de 2011 la empresa estadunidense se aseguró de que la comunidad indígena Misión de Santa Catarina le otorgara el usufructo necesario para desarrollar proyectos generadores de energía, construcción y mantenimiento de líneas de trasmisión en la tierra de los pai pai.

Esa posición ventajosa se dejó asentada en la escritura avalada por la notaria pública Socorro Álvarez Ascencio: “Es de su total interés (de Asociados Panamericanos) que el propietario (la comunidad) otorgue el usufructo del inmueble –las 62 mil hectáreas– en el cual su representante realizará en forma enunciativa y no limitativa las actividades siguientes: instalación de equipo e instrumentos para medición y monitoreo de viento o sol, turbinas eolo-eléctricas o paneles solares, equipos eléctricos y líneas para la trasmisión de energía eléctrica; así como en general, cualquier actividad relacionada al desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de cualquier equipo, instalación o proyecto de generación de energía eólica y/o solar”.

La entrega del terreno, rico en minerales, hierro –se estudia si es rico también en plata y oro–, se acordó para un plazo de 30 años consecutivos y obligatorios. Las obligaciones de pago para Asociados Panamericanos fueron las siguientes:

“Pagar al propietario la cantidad de 22 mil 500 dólares –moneda en curso legal de Estados Unidos– trimestralmente a partir del mes siguiente de la firma del contrato de usufructo y del registro del mismo ante el Registro Agrario Nacional, en el entendido de que la empresa no estará obligada a realizar el pago de dicha cantidad en tanto este contrato de usufructo no haya quedado debidamente inscrito en el Registro Nacional Agrario.

Sin embargo el propietario (la comunidad) acuerda y acepta que Asociados Panamericanos podrá a su sola elección y discreción durante cualquier trimestre durante el término del usufructo o de la prórroga realizar el pago de dicha cantidad de 22 mil 500 dólares, en tres mensualidades de 7 mil 500 dólares al mes.

Tales condiciones desventajosas propiciaron que el nuevo comisariado comunal recurra a la autoridad de la Secretaría de Gobernación, con objeto de echar abajo un negocio que le representa a cada una de las noventa familias un pago de 900 pesos mensuales por el usufructo de su tierra que ocupa una superficie equivalente casi a la mitad del Distrito Federal.