e todos los proyectos que hasta ahora y desde hace más de diez años se han presentado para reformar la Constitución del Distrito Federal, se puede decir, hay pocas diferencias en todo lo que es sustancial. Se está de acuerdo en que la capital de la República debe equipararse en su régimen constitucional a las demás entidades de la Federación; el DF debe tener su propia Constitución, lo que equivale a convertirla en una auténtica entidad soberana que decide por sí y para sí su régimen interior; debe poseer todos los órganos de gobierno que son propios de los estados de la Unión y, todo ello, sin dejar de ser el asiento de los poderes de la Federación.

Sólo los priístas y, en particular, los del estado de México, no están de acuerdo en que la capital recobre su soberanía y su autonomía dentro del Pacto Federal. La suya es la ya añeja propuesta de María de Los Ángeles Moreno de convertir a la entidad capital en una gran alcaldía que siga siendo propiedad de los poderes federales. Eso se ha convertido en la moneda de cambio del PRI en sus tratativas con las demás fuerzas políticas en lo referente a la reforma del DF. Los demás partidos han venido aceptando la propuesta priísta como una base de negociación previa, lo que, naturalmente, enturbia todo intento de reforma.

De acuerdo con esa propuesta, los habitantes del DF elegirían a sus autoridades como lo hacen todos los municipios, con un alcalde encabezando el cuerpo colegiado del ayuntamiento. Lo que se pretende en otros proyectos, vale decir, dar a la ciudadanía defeña la soberanía plena para elegir a sus poderes locales y equiparar su régimen interior con el de las demás entidades federales, quedaría, prácticamente, eliminado del proyecto priísta y entonces se tendría un ayuntamiento en las nubes que no tendría relación con ningún otro poder y que no desempeñaría papel alguno en la Federación.

El proyecto priísta pretende fundarse en el artículo 44 de la Constitución que a la letra dice: La ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.

Si se quiere de verdad reformar el régimen constitucional de la entidad capital, ese artículo debe ser eliminado por completo, porque es justo lo que resume lo que se quiere reformar. Ojalá se tratara de un simple nombre. Ya he dicho en otras ocasiones que a mí lo que menos importante me parece es cómo vamos a llamar a nuestra capital, si estado del Valle de México, estado de Anáhuac o ciudad de México. El nombre es lo de menos. Lo importante es lo que se esconde detrás de la maniobra priísta y de todos aquellos que desde otras banderías políticas le hacen eco.

Una gran alcaldía en la ciudad de México nos dejaría a los defeños fuera del Pacto Federal. Seríamos los habitantes de un territorio considerado de nueva cuenta como de la soberanía exclusiva del Estado federal. El autogobierno sería, en todos los casos, extremadamente limitado, porque, aun con un ayuntamiento elegido, no tendría capacidad de darse sus propias leyes y sus autoridades serían equiparadas a los demás ayuntamientos de la República, no a los estados que, hasta ahora y por lo menos en la letra del artículo 43 constitucional, son sus iguales. Toda una regresión con relación a lo poco que hemos avanzado.

Hay que insistir en que la base de todo intento de reforma en serio del régimen del DF debe partir de una correcta interpretación de la Constitución. De acuerdo con el artículo 39, el distrito es una comunidad política original fundadora del Pacto Federal; es, por tanto, soberana y en virtud de ello tiene el derecho de elegir o designar a sus órganos de gobierno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Constituyente, arbitrariamente, lo despojó de su soberanía originaria y lo convirtió en asiento de los poderes federales. De ahí la necesidad de abrogar el artículo 44 o mantenerlo, con el principio de que será la sede de los poderes federales, pero con su soberanía reconstituida.

Quienes piensan que las poblaciones ciudadanas de las entidades federales, incluida la del DF, tienen autonomía, pero no soberanía, porque ésta corresponde sólo al Estado federal se equivocan. Precisamente porque se trata de un Estado federal, la soberanía original y originaria reside en la comunidad fundadora del pacto que es la comunidad de cada una de las entidades federales. La soberanía nacional es la soberanía fundada por los estados originarios u originadores de la Federación y se representa en el pacto mismo. De esa soberanía fue despojada la población cívica del DF.

Cualquier régimen que se sugiera o, peor aún, se imponga a nuestra entidad capital que no parta de estos principios fundadores será un régimen espurio, arbitrario y anticonstitucional, violador del Pacto Federal y socavador de la soberanía originaria de la población ciudadana del DF. Aquí los nombres no importan, vuelvo a repetirlo. Se trata de devolver a esa comunidad el derecho a autogobernarse, a decidir cuáles serán sus órganos de gobierno y a ejercer sus funciones como miembro fundador del Pacto Federal.

Cuando se dice que el Distrito debe equipararse a las demás entidades federales, se está postulando que debe ser igual a estas últimas, no que deba parecerse. Debe tener sus propios órganos de gobierno elegidos por su ciudadanía; éstos deben tener las mismas funciones y no funciones parecidas, como hoy en día sucede; el gobierno federal, a pesar de residir en él, no debe intervenir absolutamente en ningún aspecto de su funcionamiento ni limitar su modo de operar; para su régimen interior, debe estar dividido en municipios. Ni más ni menos que como sucede con todos los estados.

Si la divisa en la restauración de la soberanía popular en el DF es el autogobierno, una invención democratizadora de los estadunidenses en la fundación de sus colonias en Norteamérica, la idea de una gran alcaldía para la ciudad de México es una aberración sin límite. Quienes sostienen esa idea no han dicho ni media palabra de lo que harán con las delegaciones, pero su sugerencia lógica es que se las convierta en algo muy parecido a lo que hoy son, meras instancias administrativas sin ninguna relación con el deseo de autogobierno de los ciudadanos defeños.

Lo que los habitantes ciudadanos del DF necesitan son instancias de verdadero autogobierno, que les permitan decidir sobre sus problemas y participar en su solución. Esas instancias no pueden ser más que los municipios. El DF podría contar con al menos seiscientos o seiscientos cincuenta municipios, por sus barrios y sus todavía importantes zonas rurales. El principio de la soberanía popular que debe guiar cualquier intento de reforma dicta que los defeños puedan vivir en sus hogares políticos originales y practicar el autogobierno.