La Secretaría de Gobernación (SG) comunicó a la Cámara de Diputados que no ha concluido cuáles fueron las causas de la explosión ocurrida en las instalaciones de la central de medición de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en Reynosa, Tamaulipas, el pasado 18 de septiembre, que provocó la muerte a 31 personas. El hecho es que la información se encuentra reservada por la autoridad judicial.

El pasado 29 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados solicitó a Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, agilizar los trabajos de investigación sobre las causas de la explosión en el centro receptor de gas y condensados de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa.

También se exhortó a la paraestatal y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que agilizaran las indemnizaciones a los trabajadores o, en su caso, familiares del personal que se encontraba laborando.

Así, la subsecretaría de enlace legislativo de Gobernación informó a la Cámara de Diputados que el apoderado legal de Pemex Exploración y Producción, así como de Pemex Gas y Petroquímica Básica, presentó denuncia de hechos por los eventos ocurridos el 18 de septiembre de 2012.

A raíz de esa acción, la averiguación previa que se radicó con el número AP/PGR/TAMPS/REY-IV/3767/2012, misma que continúa en trámite ante la agencia cuarta del Ministerio Público de la Federación en Reynosa.

No obstante, la explicación de la dependencia refiere que “adicionalmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 14, fracciones III y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las averiguaciones previas, expedientes judiciales y de procedimientos administrativos, se consideran información reservada, ello con la finalidad precisamente de que las autoridades competentes puedan realizar las investigaciones conducentes correctamente y sin dilación en las distintas etapas que componen el proceso de investigación.

Por dicho motivo, debido a que la averiguación previa del hecho que nos ocupa continúa en trámite, aún no se cuenta con elementos que nos permitan informar sobre las causas concluyentes por parte de la autoridad investigadora en este percance.

En relación con las indemnizaciones, Solís Acero expuso que, de las 31 personas fallecidas, hasta el momento se han cubierto los casos de 19 en términos de lo establecido en los artículos 483 A, 486, 495 y 500 de la Ley Federal del Trabajo; cuatro se encuentran en proceso de pago por las compañías contratistas; siete trámites están en proceso de juicio laboral en la etapa de desahogo de pruebas ante la junta especial número 60 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Reynosa.

De estos últimos 11 asuntos, es importante señalar que a la fecha ya se cubrieron los respectivos gastos funerarios y saldos insolutos. Sólo queda pendiente que los familiares de una de las personas fallecidas presente la correspondiente demanda laboral.

Pemex es una empresa comprometida tanto con sus trabajadores como con la población en general, razón por la cual día a día se trabaja para implementar y cumplir las mejores prácticas de seguridad industrial, consideró Gobernación.