Saltillo, Coahuila, 7 de junio.

Santiago Corcuera Cabezut, recientemente electo miembro del Comité para las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas, instó al gobierno mexicano a ratificar y reconocer la competencia de este órgano a la brevedad, y señaló que hasta ahora no lo ha hecho por no aceptar la colusión y responsabilidad de autoridades en la autoría de muchos de estos delitos.

Por su parte, el investigador Rupert Knox, de Amnistía Internacional, pidió a la administración de Enrique Peña Nieto que tenga cierta autocrítica. De lo contrario, seguiría con una actitud de justificación que hasta ahora sólo ha conducido a las autoridades a negar la realidad.

Nik Steinberg, investigador de Human Rights Watch (HRW), refirió, a su vez, el discurso oficial con el que el ex presidente Felipe Calderón pretendió responder a las numerosas evidencias que presentó el organismo en sucesivos informes.

En las reuniones que tuvimos con él nos dijo que eran casos aislados, que no había un patrón que probara que fuera una práctica extendida. Públicamente llegó a decir que 90 por ciento de las víctimas eran delincuentes y que no había un solo indicio de que autoridades estuvieran involucradas. Ese fue un discurso insultante, peligroso y ofensivo.

Steinberg, quien condujo los trabajos de los dos informes de HRW sobre desaparición (2011 y 2013), reconoció que la nueva administración ha salido de la negación absoluta del problema y ya admite que está ante un problema muy serio. Calificó este cambio de positivo, pero añadió que, aun así, está frente a grandes carencias institucionales. Buscar y encontrar a 26 mil desaparecidos, según sus propios registros, es un trabajo monumental y no es tarea para sólo 12 agentes del Ministerio Público, dijo en alusión al equipo que en principio integrará la nueva unidad de búsqueda de la PGR.

César Duarte, señalado

Durante las sesiones fue discutida la necesidad de que las legislaturas nacional y locales tipifiquen correctamente la desaparición forzada, no como personas extraviadas o ausentes. Las organizaciones procedentes de Chihuahua reclamaron desde su llegada que el gobernador César Duarte ni siquiera admite la existencia el problema.

En consecuencia, durante la clausura, el titular de la unidad de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Juan Carlos Gutiérrez, declaró que los gobernadores de todos los estados deben impulsar ese reconocimiento. También el de Chihuahua.