El PRI en la Comisión Permanente impulsa someter a escrutinio la gestión de Felipe Calderón en materia de derechos humanos, debido a violaciones a las garantías fundamentales de los mexicanos durante su gobierno, por la política que instrumentó en el combate al crimen organizado.

La bancada priísta en el Senado, que coordina Emilio Gamboa Patrón, tiene listo un punto de acuerdo que se presentará en la sesión del próximo miércoles de la Comisión Permanente, en la que solicita a la Secretaría de Gobernación remita a ese órgano del Congreso un informe pormenorizado sobre la situación en materia de derechos humanos que recibió Enrique Peña Nieto al asumir la presidencia de la República.

También, los priístas demandan que se proceda penal y administrativamente en contra de los servidores públicos del gobierno de Calderón responsables del incumplimiento de la ley, tanto por omisiones como por actos cometidos en contra del respeto, procuración y promoción de los derechos humanos de la ciudadanía.

En el documento, los senadores del tricolor señalan que en el anterior sexenio se lastimó como nunca a la sociedad mexicana, con un saldo de 60 mil muertos y más de 150 mil desplazados.

Hacen notar que la pasada legislatura aprobó una reforma constitucional en materia de derechos humanos, que ordenó el reconocimiento de las garantías fundamentales consagradas en la Carta Magna y en tratados y convenios internacionales. Sin embargo, irresponsablemente no se actuó en consecuencia y durante el periodo 2006-2012 se privilegió el uso y abuso de las armas en México, se permitió como estrategia introducirlas en el país, para llegar a los protagonistas de la lucha contra el narcotráfico.

Con ello se lastimó a la sociedad mexicana como nunca, disminuyendo los derechos de libre tránsito, de expresión y de protección a la vida y al patrimonio.

Los priístas resaltan que los señalamientos no los formula un grupo parlamentario de un partido opositor en el sexenio pasado, sino organismos defensores de derechos humanos, nacionales y extranjeros, entre ellos Amnistía Internacional, además de los propios afectados, millones de familias que hoy están desintegradas, abandonaron el país o, en su caso, sólo son registros en la morgue.

Lo único que ha hecho el ex presidente Felipe Calderón, abundan, es lamentar las muertes de mexicanos.

Y así se quedó todo, en un estatus de lamento, porque no se puede decir a ciencia cierta cuántas personas no volvieron a su casa y los 60 mil muertos resultan una simple cifra que se lee desde la biblioteca de una universidad cara y prestigiosa, desde la que cualquier día un invitado se dedica a usar las redes sociales para recomendar lo que debe hacerse para recuperar la gobernabilidad en algunas entidades que en su oportunidad no atendió por ineficacia o por embarazosa omisión.

Los priístas insisten: Hay que decirlo claro: el Estado mexicano está agraviado por la manera de conducir la política de promoción y defensa de los derechos humanos. Hoy somos noticia porque el informe de Amnistía Internacional de 2013 calificó de atroces las violaciones a los derechos humanos durante la administración del calderonato.