n el prólogo del informe 2013 de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que lleva el significativo título de Los derechos humanos no conocen fronteras, el secretario general del organismo, Salil Shetty, constata que las redes sociales –que no conocen fronteras–, junto con el sufrimiento y el valor del ser humano, han transformado la lucha por esas garantías, la igualdad y la justicia y han generado desde la práctica un cambio perceptible en torno a la soberanía y los derechos humanos, lo cual no deja de ser importante en un mundo donde con frecuencia los gobiernos que los violan recurren al sobado argumento de la soberanía del Estado para pretender justificarse, con el señuelo de la seguridad nacional. Hoy –dice– las personas utilizan sus teléfonos móviles para grabar y subir a Internet videos que muestran en directo la existencia de abusos contra los derechos humanos y sacan a la luz la verdad oculta tras la retórica hipócrita y las justificaciones interesadas. Observa también con atingencia que resulta más fácil vigilar a empresas y otros agentes no estatales poderosos, porque cuando su actuación es turbia o delictiva, cada vez les cuesta más ocultar las consecuencias.

El carácter abierto del medio digital –añade más adelante– permite la participación en condiciones de igualdad y facilita que muchas más personas accedan a la información que necesitan para cuestionar a gobiernos y empresas. Es por ello una herramienta que fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, empodera a las personas y les permite compartir información para trabajar conjuntamente, solucionar problemas, promover la seguridad y el desarrollo, así como alcanzar la promesa de los derechos humanos. Todo esto ha venido a contribuir igualmente desde la práctica a la configuración de una ciudadanía universal de hecho, que debe ser ya reconocida y protegida por la comunidad internacional. “No hay duda –afirma con lucidez– de que ha llegado el momento de cuestionar esta mezcla tóxica que forman los estados cuando exigen soberanía absoluta y dan prioridad a la seguridad nacional y no a los derechos humanos y a la seguridad humana. Basta de excusas. Ha llegado la hora de que la comunidad internacional dé un paso adelante y redefina su obligación de proteger a la ciudadanía de todo el planeta”. Sin embargo, todos estos beneficios no han hecho sino alertar a los que detentan el poder, quienes a toda costa intentan controlar el medio digital y contrarrestarlo, pretendiendo con ello reproducir en él, el control que tienen de sus fronteras.

De entre los gobiernos violadores de los derechos humanos que están explorando medios de control menos evidentes, a través de la vigilancia a gran escala y formas ingeniosas de manipular el acceso a la información, el autor destaca el caso de Estados Unidos, que además de seguir mostrando una notable falta de respeto a la hora de aceptar los límites establecidos, como demuestran los ataques que lleva a cabo en todo el mundo con aeronaves no tripuladas, ha proclamado recientemente su derecho a vigilar toda la información guardada en sistemas de almacenamiento en la nube de Internet y archivadores digitales que no están vinculados a los límites territoriales, aclarando que esto incluye información propiedad de personas y de empresas que no son estadunidenses ni radican en ese país. Frente a estos hechos, que a pesar de los obstáculos vienen haciendo realidad el sueño de Peter Benenson, de que las personas colaboren traspasando las fronteras para exigir libertad y derechos para todos los seres humanos, Amnistía Internacional quiere asegurarse de que todas las personas dispongan de las herramientas necesarias para acceder a la información, compartirla y cuestionar al poder y a la soberanía cuando se abusa de ellos contra la gente. Con Internet, afirma ahora ya no sólo desde la reflexión teórica, sino desde las posibilidades de interrelación e intercomunicación tan amplias y penetrantes que ofrecen las redes sociales, podemos crear un modelo de ciudadanía global, pues la red supone también el contrapunto de soberanía y derechos basados en el lugar de residencia. Y por ello, como parte de la lucha social por los derechos humanos, la libertad y la justicia, Amnistía Internacional recomienda exigir que los estados garanticen que todas las personas bajo su gobierno tengan acceso eficaz al medio digital, de preferencia mediante un acceso a Internet de alta velocidad realmente asequible, y de un dispositivo portátil de bolsillo, tipo teléfono celular, o de una computadora de escritorio. Con ello los gobiernos no harán otra cosa que cumplir uno de los principios de derechos humanos expresado en el número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prescribe gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Además del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Al reconocer el derecho de las personas a acceder a Internet, los estados cumplirán también con su obligación de respetar la libertad de expresión y el derecho a la información, sin discriminar a las mujeres, pues a la fecha sólo 37 por ciento de ellas tiene algún tipo de acceso a Internet.