Buenos Aires, 7 de junio.

Con una sentencia dictada esta semana por el Tribunal Oral en lo Criminal federal uno de La Plata, la cifra de condenados por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar (1976-1983) aumentó a 413, mientras 240 imputados son juzgados actualmente.

Estas son las cifras de militares, policías y civiles condenados desde la recuperación de la democracia, a finales de 1983. Cuarenta y cino personas fueron absueltas, informó la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante la implantación del terrorismo de Estado en el país.

El fiscal general al frente de esta unidad, Jorge Auat, recordó que se realizan 12 juicios orales y tres escritos en todo el país, en los cuales se juzgan los delitos cometidos contra mil 790 víctimas.

En esta capital se desarrolla uno de los juicios contra gran cantidad de imputados y víctimas, como es el caso de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). Hay 68 procesados y 796 víctimas.

La Esma fue uno de los más grandes centros clandestinos de detención que controló la marina, donde se considera desaparecieron unas 5 mil personas.

En el juicio por la operación Cóndor, que coordinó a las dictaduras del Cono Sur para intercambiar datos, espiar, secuestrar y trasladar detenidos de un país a otro a los que consideraban enemigos políticos de los dictadores, hay 17 imputados y 108 víctimas.

En Tucumán, en la investigación de la causa Arsenales II, hay 44 imputados por 234 víctimas.

En otro de los juicios fuertes en las provincias, en Córdoba, donde ya ha habido procesos con condenas importantes, incluyendo al fallecido dictador Jorge Rafael Videla, está en desarrollo otro que incluye los casos de 414 víctimas; hay 44 imputados.

También se efectúan juicios orales en Catamarca –en este caso por primera vez–, Salta, San Juan, Santa Fe y Comodoro Rivadavia.

En Paraná Entre Ríos, en un procedimiento escrito, están siendo juzgadas 10 personas por los casos de 55 víctimas.

El pasado 5 de mayo se encontraron en cajones de antiguos escritorios diversos hábeas corpus tramitados durante la pasada dictadura, lo que comprueba la complicidad de jueces, quienes nunca los tramitaron ni respondieron.

Entre ellos fue encontrado el hábeas corpus solicitado por Carlos Gustavo Morales Cortiñas, hijo de Nora Cortiñas, fundadora de Madres de Plaza de Mayo.

También se encontraron los pedidos de hábeas corpus de María Elena Peter, empleada judicial secuestrada junto con su esposo Armando Fioritti y su hija de dos años, a la que entregaron a una guardería. Compañeros de ella señalan que esto muestra la complicidad de la pata civil de la dictadura.

Desde hace tiempo tenían sospechas de la existencia de actuaciones y documentos sobre la desaparición forzada de personas.

En el caso de la compañera Peter, esto se agrava más porque el día que la secuestraron el juez con que trabajaba estaba de turno y está desaparecida hasta hoy. Esto da lugar a sospechar que fue entregada por su juez, en ese momento, titular del juzgado penal número dos de Morón.

Incluso se comprobó que en el caso del hijo de Nora Cortiñas hubo una “falsificación ideológica en el libro de turno de la justicia, porque no se habla de hábeas corpus”.

Para los funcionarios de derechos humanos esto indica que puede haber muchos documentos que aún no han sido encontrado. Durante los juicios se ha incrementado el número de jueces y fiscales que colaboraron de una u otra manera con la dictadura. Muchos de ellos aún están en sus cargos.