n el contexto de la inauguración de la exposición No nos callarán. Las batallas por la libertad de expresión, que se exhibe en el Museo Memoria y Tolerancia, la organización Artículo 19 dio a conocer que la mayor parte de las agresiones contra comunicadores cometidas en el país (43 por ciento) provienen del Estado. Las organizaciones delictivas, por su parte, son responsables de 14 por ciento de los ataques contra periodistas en México, y un porcentaje similar es atribuido, de acuerdo con la citada agrupación, a la iniciativa privada.

Las cifras son reveladoras en la medida en que contribuyen a desmentir, con esos datos, uno de los más recurrentes alegatos discursivos de la pasada administración federal: que la principal amenaza contra los trabajadores de la información, contra la libre expresión y contra las garantías individuales en general es el accionar de los grupos delictivos. Es cierto que las organizaciones criminales constituyen una amenaza constante e innegable al ejercicio periodístico, sobre todo en las regiones que se encuentran bajo control de los cárteles de la droga y de sus grupos de sicarios, pero incluso desde antes de que esos estamentos criminales adquirieran el poder que hoy detentan, los gobiernos estatales, algunos municipales, así como los cacicazgos, han sido –y siguen siendo, según puede verse– un factor de intimidación y represión de la tarea informativa.

El ejercicio indebido del poder público en contra de la libertad de prensa se expresa no sólo en casos de censura, agresión física o verbal, acciones legales o privación de la libertad en contra de los periodistas; se manifiesta también en forma de represalias mucho más sutiles, como la distribución discrecional, patrimonialista y facciosa de la publicidad oficial a los medios, comúnmente usada para premiar actitudes obsecuentes y castigar voces críticas.

A la responsabilidad directa del Estado en una porción mayoritaria de las agresiones en contra de los comunicadores en el país ha de sumarse una responsabilidad política innegable en la totalidad de esos episodios. A fin de cuentas, la salvaguarda de la libertad de expresión, la seguridad de los medios informativos y la integridad física de sus integrantes no son responsabilidad de las organizaciones delictivas, sino de los gobiernos federal, estatales y municipales, de las instancias de procuración de justicia, de los órganos legislativos y del Poder Judicial.

Por lo demás, el hecho de que en nuestro país proliferen amenazas, atropellos, persecución y violencia en contra de los comunicadores, y de que la mayor cuota de responsabilidad de las mismas sea atribuible a las autoridades de los distintos niveles, constituye una muestra del trasfondo autoritario en que tiene lugar la interacción entre la sociedad y el poder público, poniendo en perspectiva un rezago político incompatible con los intentos por presentar el México contemporáneo como una democracia, donde existe un estado de derecho. Tales metas son irrealizables en la medida en que no exista un compromiso gubernamental genuino con la libertad de expresión y con el derecho de la ciudadanía a la información.