Sin mayor debate, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó los recursos promovidos por PAN y PRD contra la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) de declarase incompetente para investigar las quejas que ambos partidos presentaron por la presunta desviación de recursos de programas sociales federales con propósitos electorales en Veracruz.

En ambas quejas se denunció una manipulación de recursos públicos de los programas sociales por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y del gobierno de Veracruz, con la finalidad de favorecer la campaña del PRI en esa entidad.

Los magistrados confirmaron que, efectivamente, es competencia del Instituto Electoral de Veracruz conocer de dichas irregularidades, porque la ley le permite indagar posibles violaciones al artículo 134 constitucional, relacionado con el uso de los recursos públicos con fines electorales que afectaran el principio de imparcialidad de los programas gubernamentales.

De acuerdo con el proyecto de la magistrada María del Carmen Alanís –que fue aprobado–, los partidos denunciantes no aportaron elementos que permitieran suponer que la comisión de estas prácticas pudieran incidir en un proceso electoral federal futuro.

Según el TEPJF, es correcta la interpretación del IFE de declararse incompetente, lo cual no es incongruente con dar vista a la dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral y al vocal ejecutivo de la junta local del propio IFE en Veracruz, por lo que se refiere a las posibles faltas al estatuto del personal y por posibles irregularidades en trámites relacionados con el padrón electoral.

Por otro lado, al resolver otros recursos de PAN y PRD contra la resolución de la sala regional Jalapa del TEPJF, que declaró improcedente el registro de la coalición total denominada Juntos Ganamos Quintana Roo, los magistrados ratificaron la sentencia por lo cual dicha coalición no podrá participar en la renovación del Congreso local y los ayuntamientos.

De acuerdo con el proyecto presentado por el magistrado Flavio Galván, los partidos querellantes no acreditaron fehacientemente la voluntad de formar una coalición en los plazos legales establecidos, por lo cual se confirma que no resultó procedente la alianza promovida.

Los magistrados respaldaron la interpretación de la sala regional de no interpretar la constitucionalidad de ciertos artículos de la legislación local, porque hubiera sido extrapolar sus funciones.