El reciente criterio aprobado por la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de que cualquier acusado de un delito tiene que ser asesorado por un abogado, y no sólo de persona de confianza, desde que rinde su primera declaración ante las autoridades ministeriales, abrió la puerta a que miles de delincuentes ya sentenciados puedan buscar la revisión de sus condenas porque muchas de estas sentencias estuvieron basadas en declaraciones ministeriales rendidas sin abogado presente, indicaron los penalistas Martín Alonso Millán, Alberto Guerrero Rojas y Rogelio Garza García.

Cifras recabadas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) refieren que tan sólo entre febrero y mayo pasados –antes de que la Corte estableciera este criterio, pero después de la liberación inmediata por violaciones al debido proceso de la ciudadana francesa Florence Cassez– al menos 3 mil 500 delincuentes han tramitado demandas de amparo en las que alegan violaciones a sus garantías constitucionales, a sus derechos humanos y/o a tratados y convenciones internacionales.

Aunque varios de estos quejosos reconocen en sus propias demandas de garantías que no son inocentes de los delitos que se les imputan, el fondo de sus argumentos de defensa estriba en supuestas violaciones al debido proceso, a la garantía de audiencia o al hecho de que durante su comparecencia ante algún Ministerio Público no estuvieron acompañados por abogado.

En su sesión del pasado martes, la Corte indicó que el derecho a la defensa adecuada no queda satisfecho si el imputado de un delito sólo es acompañado por una persona de su confianza.