Los bancos Inbursa, Monex y Morgan Stanley se sumaron a las demandas en contra de la alicaída constructora de vivienda Urbi Desarrollos Urbanos, la cual se declaró en suspensión de pagos desde el mes de abril y a raíz de eso afronta otros cinco procesos judiciales, dos en México y tres en Estados Unidos, impulsados por sus acreedores.

Este miércoles, la propia empresa con sede en Mexicali, Baja California, envió un comunicado a los inversionistas a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el que informa sobre los nuevos litigios ante tribunales mexicanos en los que se le exige el pago de diversas cantidades que totalizan cerca de 260 millones de pesos, así como 7.4 millones de dólares más accesorios legales.

Dijo que frente a las demandas la empresa informa que ha hecho o está en proceso de hacer valer sus defensas, de tal forma que el impacto en su flujo sea mínimo. La prioridad de la empresa es mantener el curso normal de sus operaciones, para lo cual ha tomado las previsiones necesarias, en tanto se mantiene en las negociaciones para firmar el acuerdo de standstill (término utilizado para referirse a detener las acciones mientras se negocia un arreglo) e incorporar a este acuerdo incluso a algunos de los bancos mencionados a la vez que se atienden las demandas de sus acreedores.

La firma presumía estar en proceso de consolidación

Hasta el primer trimestre del año Urbi reconocía una deuda de 20 mil 112 millones de pesos y se encontraba en un proceso de consolidación. Sin embargo, inesperadamente el 19 de abril anunció que la empresa ha decidido acogerse al periodo de gracia de 30 días en el pago de intereses de sus bonos con vencimiento en 2016 y que por lo tanto el pago de los intereses de 6.4 millones de dólares con vencimiento el día de hoy no se realizará en este momento.

Cumplido el plazo de gracia tampoco pudo pagar los intereses generados por su deuda. De inmediato sus acreedores extranjeros, Barclays, Credit Suisse y Deutsche Bank entablaron sendas demandas, los primeros por incumplimiento de contratos de instrumentos derivados que supuestamente les generaron pérdidas de 11 millones de dólares a cada uno, en tanto que el banco de origen alemán reclamó el pago de un crédito de 61 millones de dólares, más gastos e intereses.

A esas querellas se sumaron en México el Banco del Bajío, por 75 millones de pesos. Posteriormente siguió el grupo financiero GE Capital, que reclamó el pago de 99 millones de pesos. A las demandas de sus acreedores se sumó también el Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), que congeló las cuentas por cobrar que tenía con Urbi.

Una situación similar afrontan las también constructoras de vivienda Geo y Homex, que junto con Urbi conforman las tres mayores empresas del sector en el país. Las tres financiaban en promedio dos terceras partes de sus unidades vendidas con hipotgecas del Infonavit.

Un reporte del grupo financiero BBVA Bancomer sobre la construcción de vivienda en el país señala que desde hace tiempo ya se había advertido el agotamiento del modelo de operación de las empresas desarrolladoras de vivienda, también conocidas como vivienderas:

Si bien el agotamiento del modelo de negocio de las empresas públicas de vivienda (construcción de vivienda de bajo valor, en la periferia de las ciudades, ajustándose a los lineamientos de la política pero no a las necesidades del comprador) se había advertido desde hacía tiempo, y los cambios en la política generaron fuertes dudas sobre el valor (y magnitud) de sus reservas territoriales, sus problemas de liquidez, que han impactado fuertemente su capacidad operativa (más aún con el embargo que les ha impuesto el Infonavit y la retención de pago sobre las viviendas que están colocando recientemente), tomaron por sorpresa a los distintos participantes del mercado (inversionistas, acreedores, gobierno y entidades de fomento), manifestaron los especialistas que elaboraron el reporte.